El gobierno de Nicaragua está atacando sistemáticamente al sector universitario del país en una campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, revela un informe elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas.
El grupo ha documentado amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario que incluyen violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, a la educación y la libertad académica, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de circulación y a la nacionalidad.
Según el Grupo, algunas de estas violaciones constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
El documento indica que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado -que en algunos casos podría equivaler a tortura– contra estudiantes y profesores, especialmente aquellos detenidos arbitrariamente, por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al gobierno.
Asimismo, el informe destaca la existencia de una “coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” para cometer violaciones de los derechos de los estudiantes y el personal universitario.
“El gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político,” afirmó Jan Simon, presidente del Grupo.
Simon destacó que la comunidad académica “merece espacios seguros y libres para expresar ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restaurados urgentemente”. Añadió que, con estas acciones, el gobierno “está hipotecando el futuro del país”.
El informe destaca el cierre de múltiples universidades en las que se habían permitido movimientos sociales o de oposición al gobierno, y la expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades.
En las universidades que no se cerraron, el gobierno ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación de las personas percibidas como opositores, indica el documento. Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y de debate.
Según el documento, que incluye una lista de 40 universidades cuya personalidad jurídica fue cancelada o cuya naturaleza jurídica fue modificada, ya no quedan instituciones universitarias independientes.
¿Crees que a pesar de la represión del gobierno en las universidades, los jóvenes y profesores tengan posibilidades de seguir buscando alternativas para no depender ideológicamente de las autoridades?
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