Ante los cada vez mayores desacuerdos sobre la reforma al Poder Judicial, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externó su “más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país”.
Una vez más, los jerarcas católicos hicieron un llamado a todos los actores políticos y sociales a la acción y la esperanza a través de recuperar el diálogo constructivo como herramienta fundamental, fortalecer las instituciones democráticas, respetar el orden constitucional y proteger la dignidad de toda persona.
En lo referente a la reforma del Poder Judicial, los obispos del país consideraron que debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, tomando en cuenta a todas las fuerzas políticas, especialistas en derecho constitucional, así como a la sociedad civil organizada.
Asimismo, se pronunciaron porque se respete el principio de participación democrática y se preserve el bien común por encima de intereses particulares, con la finalidad de no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática.
De manera enfática, los jerarcas católicos reconocieron que México es un gran país que no se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones, y entre otras cosas, su grandeza como Nación estriba en su capacidad probada de darnos un “ordenamiento jurídico” e “instituciones” que aseguren un mínimo de civilidad, así como una dirección de progreso, ambas condiciones necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los mexicanos.
“Este ordenamiento institucional, sustentado en el respeto a la dignidad inalienable de la persona humana y el cual es principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, es el que hace posible la promoción del bien común, la solidaridad y la justicia social”, indicó la CEM.
En su mensaje, los obispos mexicanos destacaron que “el respeto al Estado de Derecho no es sólo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común“.
Enfatizaron que en la doctrina social de la Iglesia sustenta que la autoridad debe ejercerse como servicio al bien común; que el poder tiene límites morales y legales; que la participación ciudadana es un derecho y un deber, que la solidaridad es esencial para la paz social, además el desarrollo debe ser integral y para todos.
¿Confías en que se abrirán caminos de diálogo para destrabar las controversias en torno a la reforma del Poder Judicial?
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