La grave crisis de inseguridad debe enfrentarse con estrategia que definitivamente no pasa por jaculatorias morales y consejos cursis.
Sé de la fuerza que puede tener el Estado mexicano, yo no me resigno a aceptar la violencia para siempre. Estoy segura de que podemos lograr que las mujeres y los niños dejen de ser objeto de violencia y abuso; que los jóvenes y sus familias dejen de ser víctima de secuestros y extorsiones; sé que los ciudadanos merecemos sentir al Estado mexicano de nuestra parte. Pero no nos pidan optimismo si vemos simulación, desorden, negación, desconocimiento y hasta falta de comprensión humana a quienes prestan servicios a la Patria a través de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
La inseguridad crece al mismo tiempo que se ve la ineficacia del gobierno para enfrentarla. Esta grave crisis de inseguridad no puede ser enfrentada con jaculatorias morales, sino con la fuerza del Estado. Y eso es lo que han esperado algunos estados y municipios que muy poco pueden hacer si la Federación llega con consejos morales (algunos más cursis que morales). Tamaulipas enfrentó la semana pasada uno de los resultados de la nula actuación de la Federación en el combate al crimen organizado.
Hace unos días el Gobierno Federal tuvo que ser llamado por el gobierno del estado de Tamaulipas, porque no están poniendo atención en lo que estaba sucediendo. La delincuencia organizada en un claro apoderamiento de la vida civil de una ciudad como Nuevo Laredo consiguió algo que no se había visto nunca: pidió a los distribuidores de gasolina que no vendieran combustible a las Fuerzas Armadas y a las policías y, por supuesto, los amenazados distribuidores hicieron caso y no les dieron combustible. De ese tamaño el desplante del crimen. El gobierno de Tamaulipas, que ha perseguido y atrapado peligrosos criminales, puso en alerta al Gobierno Federal, pero esta acción supera al estado y es el Gobierno Federal, el que tiene que intervenir. Por lo menos Pemex y varias autoridades federales debieron haber intervenido. No lo hicieron.
Seguramente en la junta de seguridad que dicen que tiene el gabinete, decidieron que fuera el presidente de México a “enfrentar” la situación. Era necesario, porque los criminales habían tomado la vida de civiles y habían demostrado que ellos mandaban al prohibirles darles combustible a las fuerzas de seguridad.
La máxima autoridad del país, ya en Tamaulipas, les envió un mensaje a los criminales: “Así no es, así no es la cosa”, y les pidió en público a los criminales que “recapaciten”. El mensaje fue claro, que nada les va hacer pero que no sean gachos, y que permitan el abasto de combustible. Y, por si fuera poco, les dijo que pobres de las mamás de los criminales, que porque sufren mucho por ver a sus hijos en malos pasos. Que hay que portarse bien, que no hay que hacerle daño a la sociedad. Que las que sufren son sus mamás, las de los criminales, claro, porque ninguna palabra para las mamás de los miembros del Ejército que son humillados, golpeados, asaltados, injuriados y abandonados, ni de las mamás de las víctimas de los criminales.
La grave crisis de inseguridad debe enfrentarse con estrategia que definitivamente no pasa por jaculatorias morales y consejos cursis. Se requiere coordinación con las policías estatales y municipales. Tamaulipas tuvo que llamar al Gobierno Federal, esperemos que algún día se fortalezca el control de confianza y un sistema de transición que fortalezca la Guardia Nacional sin que anule las instituciones que la integran. Al crimen organizado se le enfrenta con la fuerza del Estado.
Por cierto: no criminalicen la pobreza, la mayor parte de los beneficiarios incluso en este gobierno, no eran delincuentes antes de recibir su dinero regalado. Los beneficiarios de programas sociales, antes de recibir el dinero, su beca o su empleo, ni robaban, ni eran criminales. Los programas sociales deben ser resultado de la justicia social y por lo tanto de la dignidad de la persona humana.
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