Las leyes para castigar y combatir a las empresas fantasmas y facturas falsas serán más estrictas e inclusive se considerará como delincuencia organizada lo que ameritará prisión preventiva oficiosa.
Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) indican que de 2014 a la fecha, fueron identificadas 8 204 empresas que facturan operaciones simuladas y que han generado 8 millones 827 mil 390 facturas falsas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos, lo cual, supone una evasión fiscal de 354 mil 512 millones de pesos que representa 1.4% del Producto Interno Bruto.
Debido a ello los legisladores trabajan en una ley que combata y castigue este delito. Las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado de la República ya discutieron y por mayoría avalaron el dictamen que será discutido por el Pleno.
Representantes de la Iniciativa Privada si bien no se oponen a que exista una normatividad más estricta en este tema, sí se muestran preocupados al considerar que los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país.
“Equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación. Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, señala un comunicado emitido a mitades de agosto por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Asimismo, indica que “algunas conductas indebidas en materia fiscal, pueden cometerse por omisiones, errores o inconsistencias involuntarias, por parte de contribuyentes cumplidos. Con esta ley, podrían tener el riesgo de ser enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se pronunció al respecto y señaló que reconoce el grave problema que implica la defraudación, evasión y elusión fiscal, al tiempo que recordó que México tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente.
Añadió, que para fortalecer el sistema tributario, se requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, “sin que paguen justos por pecadores”.
El sindicato patronal se pronunció porque las reformas que discute el Senado y que pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, esclarezcan los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país.
Posturas en el Senado
La propuesta de ley realizada por el senador Armando Armenta de Morena, que ha sido analizada en varias comisiones, donde legisladores del PRI y el PAN han cuestionado que estos delitos sean equiparados al crimen organizado.
La secretaria de la Comisión de Hacienda, Minerva Hernández Ramos (PAN) consideró que en una democracia y un régimen de libertades, solamente debería considerarse como conductas punibles en materia tributaria los atentados más graves contra la Hacienda Pública.
Asimismo, refirió que ante la propuesta que considera a la defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es necesario cuestionar sobre su validez constitucional debido a que “el derecho penal no puede ser un instrumento para brindar seguridad, sino para salvaguardar la dignidad humana, pues hacerlo en forma contraria llevaría a una crisis de derechos humanos”, precisó.
Por su parte, la senadora Nuvia Mayorga Delgado (PRI), dijo que es fundamental cuidar que el tema de defraudación fiscal no se confunda con uno de seguridad nacional, a efecto de no caer en un “terrorismo fiscal”. Subrayó que es importante que existan sanciones, pero también que se cuide a los empresarios, a la iniciativa privada y a los mexicanos para no caer “en un tema de espanto”.
Putos destacados del dictamen
• Cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada. Pero esto será solamente cuando se supere la cantidad de siete millones ochocientos mil pesos defraudados.
• Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las empresas fantasmas y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito de contrabando y su equiparable. • Será delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
• Aumentan las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
• La ley prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
• Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.
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