Amparos promovidos por México Unido contra la Delincuencia pretenden reabrir el debate sobre el uso y la legalización de las drogas, con la finalidad de reorientar la política de seguridad.
El pasado 20 de agosto el juez Víctor Manuel Octavio Luna otorgó un amparo a dos personas del colectivo México Unido contra la Delincuencia, para permitirles el consumo personal de cocaína con fines lúdicos. Lisa Sánchez, directora de la organización, aseguró que el amparo se promovió como un recurso estratégico para reducir la violencia e inseguridad del país.
La violencia que impera en nuestro país es similar a la ocurrida el siglo pasado, cuando en el año de 1920, Estados Unidos decidió prohibir la venta y producción de bebidas alcohólicas, acción que provocó que Chicago se convirtiera en el centro del tráfico y una de las ciudades más violentas del país, pues se estima que el índice de hechos violentos era 42% más elevado que antes de la prohibición.
El fallo otorgado por el juez de la Ciudad de México prohíbe que las personas beneficiadas por el amparo puedan conducir vehículos o emplear instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia; tampoco se les permite consumir la droga en lugares públicos, ni en presencia de menores de edad y mucho menos inducir a terceros a consumir esa sustancia.
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Lisa Sánchez dijo que la verdadera intención de interponer estos recursos legales es conseguir los permisos adecuados para que, libremente, cada persona decida usar estas drogas o no. La directora de México Unido contra la Delincuencia aseguró que no se pretende promover el consumo, sino abrir los debates y saber si la manera en que estamos llevando el combate hoy en día es eficiente y efectiva, además saber si la estrategia empleada hasta hoy tiene algún resultado positivo o no.
El amparo limita la posesión diaria a 500 gramos e impide que las personas beneficiadas acudan a su lugar de trabajo, ocupación, profesión, empleo, o cualquier actividad, bajo el efecto del alucinógeno y prohíbe que lo consuman en su centro de trabajo.
Sánchez preciso que el amparo tampoco incita a que las personas beneficiadas compren en el mercado negro la cocaína, sino por el contrario, ayuda a que legalmente se introduzca en el país, y el dinero con el que se quedaban los “dealers” o vendedores al menudeo, se convierta en impuestos.
Además, la especialista puso como ejemplo que la venta de marihuana en el estado de Colorado, en Estados Unidos, le ha permitido al gobierno de ese estado abrir hasta hospitales y escuelas, gracias al dinero recaudado por la venta legal de drogas de manera legal, además de que ese dinero ya se encuentra etiquetado.
Lisa Sánchez dijo finalmente que de modo paralelo al debate sobre la legalización se deben hacer campañas de prevención y aumentar las fuerzas del orden para la persecución de otros delitos en los estados, y afirmó que la finalidad es repensar la criminalización para el uso personal y no la regularización en el mercado, solo la posesión de uso personal.
El amparo emitido por el juez Luna sostiene que la prohibición del uso de cocaína vulneraba el libre desarrollo de la persona reconocido en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el juez reconoce que las personas pueden escoger las actividades lúdicas o recreativas que deseen.
La situación de inseguridad y corrupción es similar a la que existía en los Estados Unidos durante la época de la prohibición de alcohol, pues aumentó 42% la inseguridad y 34% de los policías encargados al combate del tráfico estaban coludidos y fueron condenados o separados del servicio, pero con la terminación del prohibicionismo, los “capos” que controlaban el tráfico de alcohol fueron desapareciendo poco a poco y la violencia se redujo.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el ámbito de la salud aumentó el número de las muertes relacionadas con el uso del alcohol. La proporción, en la época de la prohibición, era de 2 muertes por consumo de alcohol por cada 10 mil habitantes; cifra que, pese a que se hizo legal la venta de bebidas alcohólicas, ascendió a 90 por cada 10 mil.
En efecto, durante la prohibición en Estados Unidos, cuya población era de 106 millones de personas, hubo más de 30 mil personas muertas por intoxicación y 100 mil sufrieron ceguera o parálisis. Actualmente, con una población total que rebasa los 327 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 3 millones de personas mueren al año por consumo del alcohol.
Por otra parte, según datos de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y las Drogas, 18 millones de personas consumen cocaína y tan solo en 2018 murieron 168 mil.
A la luz de todos estos datos, una cosa es clara: si bien los datos económicos pueden llevar a pensar que sería positivo legalizar el consumo de cocaína y otras drogas, la realidad es que el daño que los narcóticos ocasionan a la sociedad y a las personas, en térmisnos de descomposición y pérdida de salud, son abrumadoramente mayores que los beneficios efectivos.
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