Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la consulta la revisión de la Reforma al Poder Judicial, la cual fue impugnada por jueces y magistrados quienes consideran que atenta contra la independencia judicial.
En la sesión de este jueves, la Corte llevó a cabo el análisis de una consulta a trámite formulada por su ministra Presidenta, a fin de determinar el procedimiento a seguir para atender una solicitud presentada por diversas personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, a través de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, La Corte realice un control constitucional relacionado con la reforma en materia judicial a la Constitución Federal, publicada el 15 de septiembre de este año.
De acuerdo a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, las impugnaciones contra la reforma judicial son procedentes bajo el artículo 11, fracción XVII, de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ordena a la Corte velar por la autonomía e independencia judicial, y bajo esa luz, conocer y dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal.
La mayoría de los ministros consideraron que con la aprobación de esta consulta no se está tomando una decisión de fondo, pues sustentaron que “la consulta a trámite resuelta en ningún modo prejuzga sobre la procedencia definitiva ni sobre el alcance que pueda llegar a tener la resolución que se dicte en el expediente principal de la controversia, es decir, sobre lo fundado o no de los argumentos y reclamos expuestos por los promoventes de la solicitud original. Tampoco se prejuzga sobre el alcance de las atribuciones que La Corte pueda llegar a tener al momento de someter a control constitucional la reforma aludida, en aspectos tales como la revisión de vicios estrictamente formales e incluso materiales”.
Partidistas más que juristas
En contra parte, las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres a pesar de su investidura que las compromete a no politizar los asuntos tratados en la Corte, han evidenciado su postura de respaldo incondicional al proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador quien impulso la reforma al Poder Judicial, la cual fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en las Cámaras de Diputados y Senadores sin hacerle ningún cambio.
Estas tres ministras votaron en contra de la consulta y acusaron que la Corte se excede en sus atribuciones e inclusive lo que intenta es dar un golpe de Estado.
Con esta decisión “se estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial”, señaló.
Abundó que “en estricto cumplimiento en lo ordenado al artículo 39 que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio a este que en todo momento tiene derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”.
El análisis del resto de las consultas a trámite continuará en próxima sesión del Tribunal Pleno de la Corte.
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