Los Tribunales de Tratamiento de Adicciones operan en los estados de Nuevo León, Durango, Morelos, Chihuahua y México; próximamente iniciarán actividades en la capital.
Al mediodía, un joven de 21 años bajo los influjos de una droga asalta a una de sus vecinas. Es la primera vez. La policía lo detuvo ya que hubo denuncia por la víctima. Está destinado a ir a la cárcel donde compartirá celda con presos que han cometido los peores delitos. Él sólo tenía un problema de adicciones.
Hay una opción para pagar su condena y al mismo tiempo combatir su adicción a los narcóticos: la justicia alternativa.
Los Tribunales de Tratamiento de Adicciones fueron creados en Estados Unidos y replicados en México debido a la necesidad de soluciones alternas, establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, son una opción para despresurizar el sistema penitenciario que según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) opera por encima de su capacidad.
Los centros penitenciarios administrados por las entidades federativas, en la mayoría de los casos, alojan a más gente de que la que pueden acoger, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 y hasta 2017.
Según estimaciones de 2016, la mayoría de los presos que ingresaron en ese año son personas que delinquieron por primera vez, 73% de los casos; 13% son reincidentes; mientras que 12% volvieron a reingresar a prisión.
Asimismo, los tribunales de Tratamiento de Adicciones operan como un programa de justicia restaurativa o terapéutica, encaminado por una cultura de paz.
El programa es una alternativa para las personas que cometieron un delito menor bajo los efectos de algún tipo de droga; en vez de ser privados de la libertad, se les auxilia para que superen su adicción a las drogas y no vuelva cometer algún delito.
“Hay chicos que requiere tener esa segunda oportunidad. Las circunstancias los orillaron a cometer algún ilícito, pero les están dando una segunda oportunidad, y este tipo de programas, de proyectos, les va ayudar muchísimo”, asegura la maestra en Derecho, Myrian Morones Díaz.
Rehabilitación de infractores drogadictos por una cultura de paz
El programa de rehabilitación contra las drogas, aplica para infractores de delitos menores bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. El infractor puede solicitar ser candidato por medio de un diputado o en el Ministerio Público.
De los imputados que son aceptados, el porcentaje de los que concluyen la rehabilitación es de aproximadamente entre 60 y 70%. Pero cuando se interrumpe ese tratamiento, se da una revocación a la suspensión condicional y tiene que regresar a prisión cumplir su sentencia.
Morones Díaz indica que el programa va más allá de castigar, imponer una sanción; tiene miras a una cultura de paz, de reinsertar a la sociedad a las personas que delinquieron.
“Se trata empezar por esta área de drogas se dé esa oportunidad de que te rehabilites, que en un momento dado ya no haya una reincidencia”, agrega Morones Díaz.
Advierte que en caso de que se decidiera cancelar el programa por parte de las autoridades correspondientes, significaría que no está funcionando, que no está dando los resultados esperados. En esa circunstancia, se elevaría el consumo de drogas y el índice delictivo, sin mencionar que continuaría la saturación de las prisiones.
“Se va dando ese tratamiento especializado porque actualmente sucede que entran por robo pero se les da la misma solución mágica a todos y la realidad es que hay que ir analizando y clasificando. Sí fue un robo pero bajo qué circunstancias. Ya se está tratando de dar una solución, un tratamiento de carácter específico a cada delito”, señala la licenciada.
Pero si el programa sigue operando, una de las ventajas es que podría reducir el costo del sistema penitenciario que asciende a 13 mil 505 millones al año, es decir, 4.6 millones de pesos al día, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
La unión hace la fuerza
La sociedad debe considerar la necesidad de cooperar para que la reinserción social sea una realidad. Es trabajo de todos lograr el México en paz que tanto anhelamos. No podemos limitarnos a señalar con el dedo a quien infringe la ley. Es trabajo en equipo.
La reinserción social es un trabajo de todos. Una persona por muy rehabilitada que salga de una prisión no podrá llevar una vida normal si la sociedad se alarma por sus antecedentes penales, que en algunos lugares son mínimos e inclusive, acusado injustamente.
“Hace falta mucha conciencia de valores. Es una chamba muy ardua en la que tenemos que trabajar en conjunto”, reflexiona la maestra de Derecho.
“No es sólo a través de las personas que infringieron la normatividad, sino también trabajar con la sociedad porque lejos de estigmatizarlos hay que tratar de darles esa lugar, de ayudarlos; darles una nueva oportunidad, una área nueva de trabajo. Todo esto debe de ir de manera conjunta, si no lo hacemos de manera conjunto pudiera colapsar este programa”, concluye la licenciada Myrian.
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