Y si como afirma Rosario Robles le informó al Presidente Peña Nieto, ¿cuál sería entonces el procedimiento hacia el ex Mandatario?
Los avances de la investigación sobre “La Estafa Maestra” son de llamar la atención debido a que se trata de un proceso que, hasta ahora, es eminentemente político y con características de venganza dirigida. Es de aplaudir que un delito que significa un daño de 5 mil millones (más los que se sumen en el transcurso del tiempo y por otros casos), no puede permanecer impune. De acuerdo con lo que se nos ha informado hasta ahora, los cerebros del mismo son del equipo de Rosario Robles y la acompañaron en la SEDESOL y SEDATU. Si ella fue quien maquinó, dirigió y organizó todo, se sabrá si se profundiza en el caso.
Sin embargo, hasta el momento las miras sólo tienen un objetivo: Rosario Robles, de cuya trayectoria en la izquierda se ha abundado bastante, su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, su ruptura y su “traición” al haberse sumado al equipo de Enrique Peña Nieto. Eso es algo que para sus antiguos compañeros no es tolerable. Y aunque la denuncia sobre el caso es anterior a la llegada de la 4T al poder, junto con el de Emilio Lozoya, han continuado en la actual administración y se han convertido en emblemáticos.
Llama la atención, en primer lugar, que todos los reflectores se enfoquen sobre Rosario Robles y se le impute ejercicio indebido de la función pública, en tanto que el tema del daño patrimonial ha pasado a segundo plano. Por el momento Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de las dos secretarías de Estado donde despachó Robles se ha esfumado. La Fiscalía habla de dos testigos protegidos a los que se les perdonaría haber participado. Marcos Ibarra, también exfuncionario de SEDESOL y SEDATU, afirma que él no es uno de ellos.
Hay una pregunta pendiente: ¿a dónde fueron a parar los 5 mil millones? Esa interrogante la ha lanzado ya el extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo Portal, quien afirma haber advertido a la secretaria Robles el manejo indebido de recursos con las universidades. Seguramente eso fue resultado de auditorías a las dependencias y observaciones derivadas de las mismas que de no haber sido solventadas debieron dar inicio a procesos por parte de la misma Auditoría Superior de la Federación.
Tampoco tenemos conocimiento de que se haya señalado a los implicados en las universidades que contribuyeron a la desaparición del recurso y se les inicie el proceso correspondiente.
Y si como afirma Rosario Robles le informó al presidente Peña Nieto (y debe ser por escrito para que pueda probarse), ¿cuál sería entonces el procedimiento hacia el exmandatario? ¿Realmente existe una amnistía formal para la anterior administración, resultante de un compromiso político? ¿También sería responsable de Ejercicio Indebido de la Función Pública José Antonio Meade, como ya pidió el juez que se investigue? ¿Acaso se premió al exsecretario de Hacienda con la candidatura del PRI, por haber soslayado el caso?
Y a propósito del juez que lleva el caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, se ha señalado que es sobrino de Dolores Padierna, otra dirigente de la izquierda que tiene cuentas por cobrar con Rosario Robles, y que seguramente por ello ha sido tan duro al imponer prisión a la exsecretaria. Dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Por casualidad –afirma el Poder Judicial-, que mediante sorteo, el caso llegó a sus manos. ¿Podría haber conflicto de intereses? ¿La Corte podría cambiar al juez? ¿Acaso no sería prudente que el juez renunciara al mismo para evitar sospechas de parcialidad?
Confieso no ser abogado y a los juristas corresponde dar respuesta a muchas de estas interrogantes. Ya el exministro José Ramón Cossío ha opinado que pudieron tomarse medidas precautorias eficaces y no tan rudas como la prisión preventiva decretada por el juez. Seguramente estaremos leyendo y escuchando muchas opiniones al respecto. Ojalá esto conduzca a que el caso no quede sólo sobre una persona y por el motivo hoy señalado, sino que vaya a la causa: la desaparición de 5 mil millones del erario.
Se trata de un caso digno de Sherlock Holmes, Hércules Poirot, Jules Maigret o el Padre Brown. A lo mejor todos juntos. También se requiere un juez justo, como el oidor Vasco de Quiroga.
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