En medio de la crisis de seguridad que aqueja a los habitantes de la Ciudad de México, el Congreso Capitalino aprobó endurecer el código penal, con la intención de disminuir los índices delictivos.
Con 53 votos a favor, se reformó el Código Penal de la Ciudad de México a iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este endurecimiento eleva la gravedad de los delitos de robo a casa habitación, de vehículos y a cuentahabientes, así como la extorsión, el despojo y las agresiones a policías.
Además, esta reforma al Código Penal de la Ciudad de México endurece los castigos a los robos a bordo de motocicletas, así como para las personas que reincidan en delitos de alto impacto.
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Sin embargo, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. (CCSPJP), asegura que la delincuencia bajará cuando quien comete delitos tenga la certeza de que va a ser detenido, imputado y sometido a proceso judicial por las autoridades; es decir, no se va a resolver el problema de inseguridad que tenemos en la Ciudad de México mientras no se combata la impunidad.
De igual forma, los legisladores de los diferentes partidos coincidieron en que el aumento de penas por sí mismo no abatirá la delincuencia en la capital del país, sino que es necesario, además, establecer una política pública integral que combata las causas por las cuales una persona delinque, así como las adicciones, pero sobre todo, que acabe con la impunidad.
Uno de los delitos que más afectan a los habitantes de la ciudad es el robo de celular, el cual no estaba tipificado en el código penal anterior y ahora será castigado con penas de 2 a 6 años de prisión, además de que la penalidad aumentará si el delincuente comete el ilícito a bordo de una motocicleta.
El combate contra el robo de celulares, que empieza a implementar el Gobierno de la Ciudad de México, se suma a la campaña que el Gobierno Federal ha emprendido a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese sentido, José Antonio Ortega sostiene que lo ideal es programar los celulares para dejarlos inservibles en caso de robo, tal y como el Gobierno Federal ha explicado en su campaña informativa, en la que habla de cómo utilizar el código IMEI para bloquear y inutilizar los equipos robados.
En esta reforma también se aumentan las sanciones por lesiones contra integrantes del cuerpo de seguridad ciudadana. En esos casos, se impone trabajo comunitario inconmutable de 48 a 300, además se incluye una figura en el Código Civil local, para que faltas administrativas como maltratar, intimidar o incitar a la violencia contra la policía, sean sancionadas con 20 a 36 horas de labor comunitaria.
El especialista explicó que en este momento no existe respeto hacia la Policía y que, independientemente al aumento en la pena contra agresiones a la autoridad, el cuerpo policiaco debe de empezar por ganarse ese respeto. Cuando lo logre, se podrán implementar sanciones de ese tipo y aseguró que la mejor forma de lograr ese objetivo es que los policías aprehendan a los delincuentes sin violar los derechos humanos.
Lo único que no se modificó fueron las penas a delitos como pornografía infantil, trata de personas y desaparición forzada, mientras que el ilícito más castigado será el feminicidio, con penas que irán de los 35 a los 75 años de cárcel.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. afirmó que se puede sancionar hasta con 100 años a los feminicidas, pero mientras no haya certeza de que los agresores sean detenidos, seguirán cometiendo esos delitos.
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