Mientras la reforma judicial está en discusiones, Educación con Rumbo (ECR) llamó a senadores y senadoras a ver por el futuro del país, pues el Poder Judicial ha sido un aliado en la defensa de la educación de los niños y niñas mexicanos, siendo recientemente quien, por medio de un amparo promovido por ECR, ordenó a autoridades aplicar la Prueba PISA 2025.
La Prueba PISA es aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y tras los resultados de la edición 2022, publicados en diciembre de 2023, que mostraban un retroceso alarmante en aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Andrés Manuel López Obrador hicieron declaraciones desacreditando el examen.
La SEP indicó que la prueba se aplicó a finales de la pandemia de COVID-19, cuando todos los países estaban en crisis y destacó que no se mostraba gran diferencia entre los resultados de ediciones pasadas; mientras que el Ejecutivo calificó el estudio como una “prueba neoliberal”, siendo así como anunciaron que México no participaría en la siguiente edición.
Según la OCDE, en 2022, México se ubicó en el lugar 51 de 81, siendo la peor evaluada de la organización en matemáticas y comprensión lectora, pues dos de cada tres estudiantes mexicanos no tienen conocimientos básicos en matemáticas, retrocediendo 24 puntos, ubicándonos en las mismas estadísticas que en 2003.
Sin embargo, con un amparo promovido por ECR, y aprobado en el PJ, se ordenó a la SEP que México si participaría en la Prueba PISA 2025, y se designó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) como encargado del desarrollo del estudio, que tendrá su prueba piloto en octubre de 2024 y se aplicará en 2025.
Poder judicial vela por el derecho a la educación de los niños
Por su parte, Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado que trabaja de la mano con ECR, explicó que durante el sexenio de López Obrador, “las sentencias emitidas por la Poder Judicial de la Federación en juicios de amparo promovidos por ECR beneficiaron a más de 22 millones de niños” y citando que se eliminarán cuestiones fundamentales.
Ortiz Gómez destacó que el PJ evitó que se eliminaran grados escolares, facultades de evaluación de maestros y la Prueba PISA. “La tutela de los derechos humanos mediante la carrera judicial es una vocación que no se consigue en una campaña, una elección popular ni en una tómbola”, comentó el abogado de ECR.
Mientras que Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de ECR, exhortó a los senadores de todas las bancadas, quienes se encuentran en pláticas para aprobar la reforma, a “votar en conciencia en contra de la reforma judicial, al resultar un acto que tendrá un impacto en cada niño y niña en México al quedar vulnerables frente a actos que atenten contra sus derechos”.
Finalmente, Amozorrutia agregó que es vital que jueces y magistrados dicten sentencia priorizando el derecho de los niños a una vida digna, y enfatizó que la educación es el medio principal por el cual los niños mexicanos podrán acceder a una vida de calidad y de oportunidades, por lo que es prioritario que se dejen fuera “ideologías y cálculos políticos”.
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