El Sistema Político Mexicano manifestó de dientes para fuera su preocupación por la moral pública en varias ocasiones, como la renovación moral de Miguel de la Madrid.
La distribución de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes por parte de la Presidencia, con el color de Morena y el auxilio de parte de las iglesias episcopales y con la abstención de la Iglesia Católica, ha dado mucho de qué hablar y escribir, y no es para menos. Este escrito data de 1944, se editó por primera vez en 1952 por parte del autor y por la SEP en 1992 y, hasta donde sé, finalmente no se distribuyó por oposición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces encabezado por Elba Esther Gordillo.
La obra redactada por encargo de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación, tenía un sentido pedagógico para el sistema educativo. Fue concebida a partir de valores universales y pretendía llenar un hueco formativo en la educación oficial. La educación laica provocó la ausencia del cristianismo, que formó a muchas generaciones durante la historia de México. Eso propició, en expresión de Alfonso Martínez Domínguez, quien fuera presidente nacional del PRI, un hueco que se convirtió en causa de muchos males de nuestro país, lo cual lamentaba.
Esta Cartilla Moral se consideraba como un mínimo de comunicación de valores universales, pero fue arrumbada por la SEP. Sin embargo, este documento no cayó en el olvido, hubo quienes lo retomaron y lo difundieron, como el ayuntamiento de Zapopan, en 2003. También se trató de un apoyo educativo. Así, pues, la idea de Andrés Manuel López Obrador de difundir este documento no es nuevo. Hasta podríamos decir que se trata de una buena intención de fomentar un documento ético elemental, como fue su propósito. Sobre todo, después de que durante algún tiempo la SEP no sólo guardó la edición ya terminada, sino que eliminó la clase de ética del sistema educativo.
El Sistema Político Mexicano manifestó de dientes para fuera su preocupación por la moral pública en varias ocasiones, como la renovación moral de Miguel de la Madrid. Pero no pasó de palabras, pues la corrupción ha sido inherente al Sistema, desde la Revolución Mexicana.
Esta preocupación la manifestó también el presidente Fox, quien ordenó la redacción de un Código de Ética y convocó a los funcionarios públicos a comprometerse a su cumplimiento. En él se establecía un compromiso con el bien común, de defensa de la cultura y la ecología, de integridad, de respeto a la ley y de procuración de justicia y respeto al Estado de Derecho, de transparencia, de rendición de cuentas, honradez, generosidad, de procuración de la igualdad de oportunidades, de respeto de la dignidad humana y de promover esos valores con el ejemplo personal de su cumplimiento. Al parecer dicho compromiso no tuvo mayor impacto.
Los códigos de ética han sido una forma moderna de clarificar conductas en las profesiones, a fin de ilustrar las conductas propias de las mismas y señalar lo que debe evitarse. Es un ejercicio desde las propias profesiones, generalmente a través de colegios o asociaciones. Pero también las empresas adoptan esta modalidad en materias específicas de vigencia interna.
Aunque los códigos, cuando están bien hechos, parten de los principios morales universales, se limitan a enfocar las conductas particulares de los ámbitos donde se elaboran y pretenden aplicarse. Son un ejercicio para evidenciar las consecuencias de una conducta moral, donde se promueve lo bueno y se evidencia lo malo, para combatirlo. Se trata de documentos de alcance limitado, igual que sus consecuencias. Normalmente estos códigos se generan por equipos de especialistas y se aprueban por consenso. Son indicativos y enunciativos.
Pero pretender imponer a toda la sociedad una “Constitución Moral”, como pretende el presidente, rebasa los propósitos de los códigos y adquiere visos de ser una imposición en el ámbito de las conciencias, invadiendo la intimidad de las personas, no por adhesión libre, sino por decreto gubernamental. Se trata casi de un acto de tipo religioso, pero que pretende imponerse a todos los miembros del Estado con la fuerza del mismo, a menos que sólo sea una proclama sin mayor trascendencia, sin fuerza y sin vinculación con el orden jurídico, cuyo destino, lamento decirlo, será el cesto de la basura y el olvido. El pueblo de México es mayoritariamente católico, o así se declara, y tiene diez mandamientos como guía moral y, sin embargo, no hace gala de vivir virtuosamente, a pesar de los años de evangelización de la Iglesia. Esos principios responden a las necesidades de nuestra naturaleza, pero son leyes divinas que tienen que ver con el destino final de la persona y, a pesar de eso, se transgreden continuamente, porque somos pecadores y débiles. ¿Acaso el Estado tiene una razón superior para establecer unas normas morales? Sin duda que no. Al Estado le corresponde elaborar leyes en razón del orden público, estas sí vinculantes, pero de alcance limitado y sin intromisión en la interioridad de las personas, pues no toda la moral es objeto de leyes, ni las leyes se legislan sobre lo moral.
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