Nuestro país está enfrentando un hecho inédito esta semana que es la paralización general de los servicios del poder judicial federal como protesta contra la reforma judicial que se pretende aprobar en quince días. Esta huelga debería ser apoyada por todos los ciudadanos, porque si bien es cierto que agravia primero los derechos laborales adquiridos y futuros de los miembros de este complejo sistema; va más allá porque despojará a los mexicanos de la oportunidad de tener un poder judicial autónomo y perfectible, por uno enceguecido y dominado, es decir, se está suplantando el ideal de la justicia ciega (la que tiene una venda para subrayar que trata a todos con el rasero de la ley nada más) por uno con una justicia enceguecida sin remedio.
Es verdad que las formas de enceguecer a la justicia pueden ser muchas. La corrupción del sistema ya sea los jueces, magistrados y ministros que la ejercen es una de las formas más comunes (los ejemplos sobran); pero también lo es la ideologización (en casos como el aborto o semejantes es común ver esto); sin embargo, lo que estamos por vivir en México es una combinación todavía peor de esas formas de enceguecimiento: la franca politización de la justicia que la deja enceguecida ante los que acuden a ella. Y es un enceguecimiento fatal porque va contra su ideal de tratar a todos por igual bajo la ley, porque si la reforma pretende que quienes la administran “complazcan o prometan complacer” a los votantes para resultar electos para tener un puesto.
Esta distorsión empezaría desde antes porque incluso para ser postulados deberían contar con apoyos que pueden provenir de partidos políticos (el partido gobernante será el más fuerte), grupos económicos y por supuesto el mismo crimen organizado. Puesto que se abren las puertas a que lleguen personas previamente comprometidas con intereses de todo tipo y sin ningún interés en hacer cumplir la ley. Y seguiría incluso después de la elección porque existirá, si pasa la reforma, un cuerpo interno “juzgará” la actuación de los jueces para ver si actuaron con no con criterios de justicia ciega y apego irrestricto a la ley, sino de conveniencia política definida por el partido dominante a través de la figura presidencial. Por lo que podrían castigar con su destitución a cualquier juez que incluso cumpliendo su tarea “ataque” a los intereses de un grupo protegido desde el poder.
También hay que señalar que está por desaparecer el escenario donde un poder podía ejercer contención a los excesos del Ejecutivo y del Legislativo; o podía defender a un individuo frente al Estado y podía proteger a la minoría. Pronto sólo quedará el recuerdo de un México que, si bien no tenía una impartición de la justicia pura e ideal, sí tenía bastantes márgenes de independencia como se demostró este sexenio. Y justamente a ese combate al autoritarismo es a lo que con claridad apunta la protesta de los trabajadores del poder judicial que han adoptado como el lema de su lucha la contundente frase: “Disculpen las molestias, estamos defendiendo a México de los abusos del poder autoritario”.
Este abuso parece abstracto para la mayoría de los ciudadanos, porque hay un profundo desconocimiento de los pasos para la impartición de justicia (que empieza más en las fiscalías y que además implica poderes judiciales en cada estado a los cuales no se están tocando en este momento). También es una realidad la resonancia de los casos donde puede haber corrupción, pero también elementos difíciles de entender en las leyes que han creado una mala imagen al Poder Judicial. Tampoco resulta, para la mayoría de la gente, muy significativas la positiva repercusión que han tenido las acciones de la Suprema Corte para regular los posibles abusos del Ejecutivo y del Legislativo.
Al final es clara que la contención del autoritarismo en este sexenio es la motivación para enceguecer a la justicia, y que sólo quienes estén bajo la protección de partido en el poder puedan acceder no a protección de la ley, sino a la protección política de sus intereses y sus derechos haciendo lo que quieran de la ley. Es una perspectiva real que los ciudadanos podemos perder nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras propiedades y no contaremos con ninguna protección, porque la justicia estará completamente enceguecida por el autoritarismo político. A eso vamos a pasos agigantados, apoyar a los miembros de poder judicial es apoyarnos a nosotros mismos.
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