Se acerca el momento de la definición final de la integración de la Cámara de Diputados. Nunca antes se había generado tal atención y tensión sobre el tema, ya que tradicionalmente lo que se había observado con mayor interés era la elección presidencial. Eso no quiere decir que no hubo inquietudes al respecto, tanto en el ámbito judicial como en las disposiciones legales.
López Obrador, como dirigente del PRD, presentó a la Suprema Corte –a la que ahora tanto odia- un alegato respecto de la forma como debería integrarse la Cámara para respetar el equilibrio que dé a las minorías suficiente voz para incidir en las decisiones y no quedara en algo testimonial. En aquel momento, con la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, ahora integrada a Morena, unánimemente le dio la razón al hoy presidente. Pero como el tiempo y los vientos cambian, ahora desde el Poder Ejecutivo, el presidente presiona para que, sin merecerlo, su partido tenga mayoría calificada, cuando la votación de los ciudadanos no optó por eso. Por su parte, la exministra y actual Senadora a punto de terminar su función, Sánchez Cordero, guarda silencio y no tercia en el debate para recordar lo que se pidió y acordó en aquel momento.
Sin embargo, ahora resulta claro que la sociedad ha despertado y numerosas organizaciones, dirigentes políticos, catedráticos y exconsejeros del IFE y del INE han hecho resonar su voz para recordarle al actual INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuál ha sido el espíritu de la Ley con el cual debe interpretarse integralmente la letra, y cuáles fueron las razones de la generación de un sistema parlamentario plural con 200 diputados de representación proporcional en razón del número de votos totales obtenidos por los partidos.
Resulta claro que la opinión pública ha hecho eco al criterio de que no es posible que con apenas un poco más del 50 por ciento de los votos totales, se pretenda otorgar un 75 por ciento de legisladores a Morena y aliados, solo porque, indebidamente, la Secretaria de Gobernación tuvo la ocurrencia de dar línea en esa dirección, invadiendo funciones que no le corresponden.
Además de las expresiones de conocidos constitucionalistas que coinciden con ese criterio, llama la atención el pronunciamiento de ex consejeros del IFE y del INE, quienes a partir de su experiencia e independientemente de sus diferencias ideológicas y de otros criterios en materia electoral, se han sumado a la demanda para evitar esa indebida interpretación del Ejecutivo, quien amparado en su fuero, que repudia para otros, ha violado la ley, como fue sentenciado por el Tribunal Electoral.
Pero también resulta interesante que el Episcopado Mexicano, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y en aras del bien común, se ha sumado a las voces de quienes piden la interpretación integral de las disposiciones con las cuales se determina la integración de la Cámara de Diputados y que, sin duda, no otorga la mayoría calificada a la corriente de la Cuarta Transformación.
Recordemos que cuando existe un peso determinante por parte de una fracción parlamentaria, como fue durante prácticamente todo el Siglo XX, no se posibilita un verdadero debate, ni se llega a consensos plurales, ya que con facilidad se aplasta a la minoría y se hacen oídos sordos como ya se percibe, por ejemplo, en el tema de la reforma del Poder Judicial, donde se generan consultas simuladas de “te oigo, pero no te escucho”. Ese es el gran riesgo de otorgar gratuitamente una sobrerrepresentación que dañaría el espíritu democrático de la Cámara de Diputados, particularmente en cuanto se refiere a las reformas constitucionales, que a final de cuentas son la referencia fundamental para la elaboración de las leyes.
Si ya el partido en el Poder Ejecutivo, también tiene mayoría simple para reformar las leyes, el límite frente a una cerrazón de la mayoría para imponer unilateralmente sus criterios, es la Constitución y su interpretación por parte del órgano facultado para esas interpretaciones, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esperemos que tanto el INE como la Tribunal del Poder Judicial de la Federación, asuman este espíritu democrático y, con justicia, tomen la decisión respecto de un tema que ha generado tanta preocupación, debate y aportaciones.
Veamos lo que ocurre en Venezuela y las consecuencias de las reformas que se hicieron en aquél país y que ahora han propiciado el gran fraude de Maduro, quien, como Hugo Chávez, pretende eternizarse en el poder, a pesar de la miseria en que ha sumido a su país y el repudio del pueblo. Debemos distinguirnos y mantener el proceso de democratización que se inició con la transición y hoy está en peligro de regresión.
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