De aprobarse la reforma al Poder Judicial de la Federación y los tribunales de los Estados de la República, entre ellos los tribunales laborales, se dañaría la justicia laboral además de que afectaría sensiblemente la competitividad del país, pues con una certeza jurídica en duda México será mucho menos atractivo para los inversionistas, aseguró Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral (IPL).
El abogado egresado de la UNAM y especializado en materia laboral reiteró que se trata de “una reforma al poder judicial que no estaba en la lógica del país, que surge intempestivamente por un impulso del titular del Poder Ejecutivo y que podría ser aprobada sin consensos por una sola fuerza política, lo que sería una señal muy negativa tanto para los factores de la producción como para los inversionistas nacionales y extranjeros”.
Asimismo, previó que de darse luz verde a esta iniciativa “los trabajadores como principales usuarios de los tribunales laborales, están en riesgo de perder sus derechos al no tener una justicia laboral imparcial. Por su parte, las empresas ven el riesgo de enfrentar un escenario adverso en donde los juzgadores pueden estar más comprometidos con las ideologías de los partidos políticos del Estado que pongan sus maquinarias electoreras a la disposición de candidaturas populares y sin la debida formación especializada que requieren estos cargos”.
El presidente del IPL explicó que la propuesta de elegir a los todos los jueces por voto directo, traería como primera consecuencia el despido injustificado de más de mil seiscientos jueces federales y más de cinco mil jueces de los Estados de la República, y entre los servidores públicos destituidos estarían también los jueces laborales -más de 120 a nivel federal y cerca de 180 del fuero local- quienes fueron designados mediante un amplio y cuidadoso proceso de selección por méritos, llevado a cabo en todo el país en un período tres años, que concluyó apenas en octubre del 2022.
Consideró que “la inestabilidad resultante de la destitución de los jueces recién designados y el nombramiento de los nuevos, afectaría sensiblemente la competitividad del país que, con la certeza jurídica en duda, terminaría siendo mucho menos atractivo para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros”.
Rubén López Malo vaticinó como muy probable el rezago de los juicios laborales en trámite, como consecuencia de la inexperiencia y el natural período de adaptación de los nuevos jueces, lo cual puede perjudicar más a los trabajadores, que es la clase más vulnerable en esos casos.
López Malo consideró que “este cambio podría ser interpretado por nuestros socios comerciales de la región de Norteamérica como un incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estado Mexicano en el Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en cuanto a las garantías procesales pactadas en el artículo 23.10, punto 6, de ese acuerdo comercial”.
Resaltó que este señalamiento es porque la elección de jueces laborales por medio de voto universal y directo, podría afectar su imparcialidad e independencia por la intervención indebida de los poderes fácticos para tratar de impulsar a funcionarios judiciales que representen sus intereses.
Asimismo, Rubén López Malo calificó la iniciativa para reformar al Poder Judicial como “inoportuna e impertinente”, ya que pretende pasar por alto dos reformas de gran calado, esas sí procesadas mediante el diálogo social y tomando en cuenta a los Poderes de la Unión y a los actores políticos más relevantes en su momento para cada tema, como fueron la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 11 de marzo de 2021 y la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero de 2017.
Con respecto de la primera, recordó, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo el 15 de diciembre de 2021 -en su informe anual de labores- que “como resultado directo de este esfuerzo colectivo, tenemos una nueva carrera judicial basada en el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad”. No es recomendable dar un giro de timón tan pronto.
Y en cuanto a la reforma laboral, conviene recordar que esta fue fruto de un esfuerzo de años que inició con los Diálogos por la Justicia Cotidiana convocados desde finales de 2014 y que alcanzaron su culmen legislativo con la reforma al artículo 123 constitucional publicada en marzo de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo emitida el 1 de mayo de 2019, pero que además requirió de tres años para operar su entrada plena en vigor, con la instalación de los Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales del fuero común y federal.
“Lo que México requiere es un Estado de Derecho, en donde existan jueces con criterios rigurosos, experiencia en derecho, un historial limpio, perfiles definidos, habilidades, honestidad absoluta, conocimiento extenso, imparcialidad completa, independencia, transparencia, integridad intachable, amabilidad, responsabilidad profesional, que la reforma al poder judicial no contempla”, concluyó.
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