Juan Collado, abogado defensor de personajes controversiales, fue detenido por lavado de dinero, lo que se puede considerar como el inicio de una investigación seria contra la corrupción o como una práctica de viejos regímenes políticos del PRI.
Juan Collado ha sido abogado de conocidos y destacados políticos mexicanos, entre ellos Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Guillermo Torres Quiroz analista político y vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, precisa que, a pesar de existir pruebas contra Collado, no está por demás ver el panorama político, e hizo referencia a los nexos de Collado como abogado y la fecha en la que fue detenido.
Collado fue detenido el pasado 9 de julio, el mismo día que Carlos Urzúa anunciaba su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Collado fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado participó en una red delictiva que simuló operaciones para desviar recursos desde la sociedad financiera cuyo consejo de administración preside: Libertad Servicios Financieros.
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La principal acusación que la FGR sostiene a Collado es la simulación en la compra de un terreno ubicado en el estado de Querétaro, transacción en la que participaron Libertad Servicios Financieros y Operadora Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. Esta última es considerada por la fiscalía como empresa fantasma.
En el terreno se construyó un inmueble de 6 niveles que aloja al centro comercial más importante de la zona sur de esa entidad federativa.
Guillermo Torres hace una reflexión sobre la detención del acusado y recuerda que Collado era el abogado de lo que AMLO ha nombrado por muchos años, la Mafia del poder; era el defensor de los villanos favoritos del actual régimen y no es coincidencia su detención, la cual puede entenderse de dos formas; como una artimaña política, que trata de mostrar que sí se está atacando a la corrupción, o como un asunto judicial, con las pruebas suficientes para vincularlo a proceso. En este segundo caso, no se puede considerar que Collado sea una víctima.
Hay que recordar que Juan Collado fue abogado de Carlos Ahumada, acusado de lavado de dinero, además de defender a personajes como el líder panista Diego Fernández de Cevallos, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, quien fue acusado en su momento del asesinato de Francisco Ruíz Massieu; el ex procurador general de la República Mario Ruiz Massieu, acusado de lavado de dinero; Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Bancaria y de Valores, y más recientemente, gestionó el divorció del expresidente Enrique Peña Nieto.
Para el especialista Torres Quiroz, la detención de Collado y la investigación contra Emilio Lozoya ayudan mucho a mejorar la percepción que la sociedad tiene del gobierno y se suma a las decisiones mejor aceptadas por la sociedad, entre las que se cuentan la cancelación de las pensiones a expresidentes, la apertura de la casa presidencial de Los Pinos al público y la supuesta venta del avión presidencial, lo que deja ver el desprecio del electorado al régimen de Enrique Peña Nieto.
Según la FGR, esta detención fue posible gracias a Sergio Hugo Bustamante, quien dijo que trabajó con Collado y tuvo acceso a llamadas telefónicas y mensajes personales de Collado. Además, Bustamante aseguró que Collado en diferentes ocasiones mencionó que los verdaderos dueños de Libertad Servicios Financieros eran los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y de Mauricio Kuri, líder de la bancada panista del Senado.
Juan Collado fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República, mientras se encontraba junto al dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps.
“Si los casos de Lozoya y Collado ya involucraron a los expresidentes y la FGR logra fincarles responsabilidades para meterlos a prisión, entonces sí estaríamos ante un verdadero combate contra la corrupción y no una práctica de legitimación como las de regímenes anteriores”, concluyó Guillermo Torres Quiroz.
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