Cuando se falla en la seguridad pública

Poder disfrutar de una seguridad pública adecuada es un deseo de los habitantes de todo el mundo, por eso alarman los hechos de violencia que generan las pandillas en Haití ante un gobierno ausente, asimismo, la seguridad es un elemento que considerar por quienes desean viajar para vacacionar, y sin duda también lo es para quienes buscan invertir su dinero en alguna empresa. Estar seguros es un elemento fundamental para el desarrollo y la felicidad de las personas.

Todos los gobiernos del mundo reconocen la seguridad como uno de los derechos fundamentales del ser humano, por ello es por lo que el artículo 3ro de la declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Es por ello por lo que los mexicanos hemos plasmado en el artículo 1ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el derecho de todos a poder gozar y ejercer todos los derechos que la propia Constitución nos reconoce, así como los que se encuentran en los tratados internacionales suscritos por la nación mexicana, entre ellos el derecho a la libertad y la seguridad.

En el ámbito federal, es el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene las facultades constitucionales para resguardar la seguridad nacional, interna y en el exterior, así lo dispone el artículo 89 de la CPEUM, y por ello es el principal responsable de que los mexicanos podamos vivir seguros.

En lo local, en concordancia a lo dispuesto por la CPEUM el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California(CPELSBC), dispone: “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución…”.

En tanto que el artículo 49 en su fracción III dice: “Son facultades y obligaciones del Gobernador: … Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo…”

Y en lo municipal, la CPELSBC en su artículo 82 señala como atribución de los titulares de los Ayuntamientos: “La preservación del orden y la seguridad pública”.

Luego entonces, para quienes habitamos en el estado de Baja California, los responsables primarios de la seguridad ciudadana son el presidente López Obrador, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo y el o la correspondiente Presidente Municipal.

Lamentablemente para nosotros, los hechos que han sido noticia nacional en los días pasados, tienen que ver con la inseguridad que padecemos en nuestro territorio. Primero, en hechos ocurridos en Ensenada, lo fue la ejecución a balazos de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) en Baja California, quien unos días antes había denunciado públicamente la extorción que viven todas las empresas pesqueras en el estado por parte del crimen organizado.

Unos días después, nos enteramos en Mexicali de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 23 años Paola Andrea Bañuelos Flores, quien cometió “el error” de abordar una unidad de la plataforma DIDI que era conducida por un delincuente.

Y así, todos los días hay ejemplos de estos ataques a la seguridad pública que no son atendidos debidamente por las autoridades, como la aparición el pasado fin de semana de los artefactos llamados “ponchallantas” en la carretera de cuota entre La Rumorosa y El Hongo, mismos que usan los criminales para realizar asaltos con violencia.

Como consecuencia de ello, el día 17 de julio, en diversas plazas públicas del estado, se realizaron en forma simultánea expresiones de protesta de la sociedad civil en la llamada “Vigilia por la Seguridad”.

Los titulares de los tres órdenes de gobierno deben dar respuesta a esta exigencia ciudadana de poder gozar del derecho humano a la seguridad, pues las consecuencias ya son trágicas.

Es mi opinión, si los ciudadanos no exigimos de las autoridades el poder ejercer nuestros derechos, si no alzamos la voz y evidenciamos las fallas de los gobiernos, las cosas no cambiarán, e incluso podrían agravarse, pues las fallas en seguridad pública son graves y en muchas ocasiones irreparables.

O los ciudadanos nos organizamos o no quedará otra que cerrar negocios, encerrarnos en casa y encomendarnos a Dios para que nosotros y nuestras familias no seamos las siguientes víctimas.

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