Investigaciones sobre la violencia político-electoral de los últimos años muestran un continuo incremento de la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, lo que ha repercutido en el adecuado desarrollo de las elecciones en cualquiera de sus etapas, revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo al estudio “Aspectos generales de la violencia político-electoral en el proceso 2023-2024”, por su relevancia para la vida democrática del país, la violencia político-electoral se ha colocado como un problema grave en la agenda pública.
La violencia político-electoral es entendida como aquellos actos que se ejercen contra personas aspirantes o candidatas en procesos electorales y que buscan incidir en el desarrollo de las elecciones, su consecuencia mayor es la privación de la vida como forma de presión para conseguir el control del poder político.
El informe afirma que el Congreso tiene facultades para incidir en la atención de la violencia político-electoral, por medio de cambios legislativos y nombramiento de magistrados electorales.
La investigación destaca que en el Poder Legislativo se han llevado a cabo esfuerzo para aproximarse a este problema público, en este sentido mencionó que en la Cámara de Diputados, en febrero de 2024, se creó el Grupo de Trabajo para el Seguimiento al Proceso Electoral 2023-2024, cuya función principal es poner atención a todos los procesos electorales del país para visibilizar cualquier tipo de violencia o amenaza hacia quienes participen y ver cómo ayudarlos, así como visibilizar toda intromisión ilegal dentro de los procesos de los gobiernos.
Resalta que la creación de este grupo de trabajo no fue ajena al reconocimiento de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, como se mencionó en uno de sus discursos de instalación: “Es innegable que el crimen organizado se ha apoderado de territorios, interviene en procesos electorales y amenazan y matan a las y los candidatos”.
El reporte precisa que la creación de tales mecanismos legislativos, si bien no tienen una función directiva en política pública, son de especial relevancia por su función de seguimiento y observancia de las acciones que desde el Ejecutivo y otros órganos del Estado han tomado en la materia, por ejemplo, conocer el proceso y resultados de las solicitudes de protección personal para precandidatos y candidatos presentadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, asegura que en una cultura de rendición de cuentas es imprescindible que este Grupo de Trabajo informe, a su vez, a la ciudadanía sobre las medidas que está emprendiendo para cumplir su función. Desde las competencias del Senado su facultad de nombramiento de magistrados electorales, por ejemplo, coadyuba a garantizar la impartición de justicia electoral. Contar con tribunales de justicia fortalecidos puede contribuir a frenar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales mediante la anulación de elecciones en los casos donde se compruebe su intervención.
En suma, indica el documento, el Poder Legislativo cuenta con facultades constitucionales que le permiten incidir directa o indirectamente en esta problemática de la agenda pública, mediante su función normativa, de seguimiento a las políticas públicas y de nombramiento de magistrados para la impartición de justicia electoral.
Finalmente, aunque existen esfuerzos para medir este creciente fenómeno, es indispensable contar con datos oficiales confiables, de calidad y oportunos que permitan visibilizar la dimensión del problema para el diseño y adopción de medidas de prevención y protección desde los diferentes órganos de gobierno.
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