La normalidad democrática terminó el 2 de junio de 2024 por la vía democrática, lo cual podría parecer una paradoja; y aunque en nuestro país es la primera vez que ocurre de esta manera por clara voluntad popular, así ha sucedido en muchos lugares. México regresa a terrenos más o menos familiares como es la consolidación de una hegemonía; cuyo primer acto ya formal será la desaparición del Poder Judicial como un poder más o menos independiente del Ejecutivo.
La forma de someter a este Poder ya estaba a la mano del titular del Ejecutivo, como quedó plenamente demostrado con la llegada de Lenia Bartres que fue adelantada gracias a la sumisión absoluta del exministro Arturo Zaldívar; y que se convirtió hasta el momento en la primera ministra que llega sin el consenso del Senado. Eso era insuficiente para el ego del actual titular del Ejecutivo, porque motivado tanto por sus mal disimulados deseos de venganza, como por su necesidad de refundar (o refundir quizá sea más exacto) el estado de Derecho no parece cejar hasta lograr el Poder Ejecutivo someta a los demás de manera unívoca.
Por eso se busca disfrazar de democrática la elección de los miembros más relevantes del Poder Judicial, “entregando al Pueblo” la función de “elegirlos”. Lo cierto es que de entrada la lista de “elegibles” no queda abierta a la premisa de “votar y ser votado” que se supone anima la elección de los representantes o los gobernantes; porque los “elegibles” saldrán de propuesta controladas por el Ejecutivo a través del control del Legislativo. O sea, nadie fuera de esas listas puede postularse. Si a eso sumamos la imposibilidad del ciudadano de a pie, que compone el Pueblo, de entender quién y por qué sería el mejor para cada puesto, porque la especialización de estos puestos judiciales es muy elevada, es evidente que se trata de una farsa democrática.
Asimismo, cabe recordar que la parcial justificación de este nuevo modelo es mejorar la impartición de la justicia, lo cual implica abatir la impunidad. Sin embargo, la impunidad se da en un porcentaje mucho mayor por la ineficacia y falta de voluntad de las fiscalías que por las acciones del Poder Judicial. En el mismo sentido, el Pueblo no recibirá una mayor atención a los delitos más comunes que agobian a la población como puede ser el asalto en vía pública, o el asalto a casa habitación o las extorsiones (cobro de piso), puesto que no están en la esfera de lo federal. Aunque es de esperar que la “democratización” de este modelo que está hecho para la esfera de lo federal en lo presentado hasta ahora, baje a modificar todas y cada una de las constituciones estatales para dar pie al mismo cambio.
Y ni hablemos del retraso que el relevo implicará cuando a la vez todos los jueces y magistrados “corridos” dejen sus asuntos de meses en manos de los “electos” que deberán retomar de golpe miles de casos. Si la impartición de justicia en nuestro país nunca ha sido ejemplar más allá de cualquier otra implicación (el uso faccioso de la justicia, el sesgo político de llegar al cargo, la manipulación por parte del crimen), con esta reforma se volverá todavía más inoperante si llega a perpetrarse.
Como ya se mencionó, esta vulneración del equilibrio de poderes tiene origen en la sed de venganza del actual titular de Ejecutivo, y fue asumida en plenitud por su sucesora durante la campaña. En los primeros días luego de la elección, pareció que había un intento de ralentizar las cosas; la idea de hacer una “consulta/encuesta” que podría haber dado pie a unas semanas de planeación para ganar tiempo; sin embargo, la precipitación de hacerla el pasado fin de semana y que ni siquiera se vea a ella como la impulsora de la misma pues el asunto de la encuesta fue dejado en manos del partido.
Por desgracia, el tema de la vulneración del Poder Judicial es solamente una de las caras de la fragilidad que como país estamos viviendo o quizá deberíamos decir reviviendo porque, si bien es la primera vez que es por voluntad popular expresada en las urnas, la omnipresencia de Morena en todos los puestos de poder fue lo que se vivió luego de las purgas del caudillismo puro emanado de la Revolución Mexicana. Aquí, no estamos por averiguar si viviremos una hegemonía de Morena — es un hecho—, estamos por averiguar si privará el partido como eje del poder que podría ser el escenario menos malo, o si eventualmente volveremos al caudillismo por la fractura del poder central con el apoyo dispar de grupos criminales a esos liderazgos menores —incluso bajo una careta de unidad—. Y en ninguno de los dos escenarios habrá asomo alguno de normalidad democrática. De ahí hay que partir para iniciar el recorrido para recuperar nuestra democracia.
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