La multitudinaria manifestación ciudadana del domingo 19 de mayo resultó un éxito en la Ciudad de México y en las casi cien ciudades que se unieron a ella, y esto permitió que Xóchitl Gálvez llegara al último debate con evidencia innegable del apoyo que trae.
El formato del tercer debate no fue tan flexible ni tan favorable a los intercambios directos entre candidatos; pero Gálvez hizo varios señalamientos fuertes y directos que Sheinbaum no respondió o difirió. Algunos muy significativos como evidenciar su uso de los símbolos religiosos más cercanos al corazón de los mexicanos, otros más reveladores como el involucramiento muy grave del dirigente de Morena y de otros militantes en el huachicol y las investigaciones en torno al caso. En el posdebate, además, se hicieron recuentos de los muchos datos falsos que presentó Sheinbaum por lo que la candidata oficial no quedó bien parada.
Los últimos días de esta campaña electoral seguramente se caracterizarán por una mayor intervención, rompiendo nuevamente la ley, del titular de Ejecutivo para desprestigiar a Gálvez, minimizando la fuerza y presencia que ha ido ganando y alabando a su candidata. La cual, en su cierre el día de debate, como ya había hecho antes, recurrió a usar el tema de un posible fraude electoral para llamar al voto masivo.
El uso del “fantasma” del fraude resulta absurdo porque Sheinbaum está en el partido en el poder, es decir, el que tiene todo (y ha usado) el poder el Estado para ganar esta elección, y por tanto, son los únicos que podrían hacer fraude. Aunque entre líneas lo que ese absurdo viene a mostrar es que la elección parece estar mucho más cerrada y complicada de lo que esperaban para este punto de la elección.
Por ello, resulta todavía más importante subrayar que la elección está en riesgo por un tema en el que tanto Morena como los partidos de oposición parecen, por extrañas razones, no darle la importancia que tiene: el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, antes identificado como TRIFE, en su Sala Superior no está completo; le faltan dos magistrados.
Esos dos magistrados faltantes son parte de una muy larga lista de omisiones por parte del Senado, una lista que sólo en lo electoral incluye 50 omisiones, y que llega a más de cien en total. Esas omisiones son inéditas en la historia del Senado, nunca habían sido tan irresponsables en el cumplimiento de sus facultades ni siquiera en los tiempos más oscuros del partido hegemónico. Pero simplemente partiendo de las últimas tres décadas de democracia, nunca habíamos tenido un cuerpo legislativo tan lejano a sus funciones y tan cercano al titular del Ejecutivo.
Si todas las omisiones son graves, las dos del Tribunal lo son todavía más porque la Sala Superior es la institución facultada para calificar la elección. El Instituto Nacional Electoral organiza a los ciudadanos que son funcionarios de casilla y cuentan los votos, organiza la logística del proceso electoral; pero los que dirimen los conflictos conforme a la ley y finalmente dan el “visto bueno”, o sea, sancionan la validez de la elección son esos magistrados. La Sala del Tribunal se ha mantenido operante con cuatro magistrados, pero la ley señala que son seis los que emiten la validez de las elecciones tanto de presidencia como las demás.
El Senado sí recibió en tiempo y forma las propuestas por parte de la Suprema Corte, hasta cierto punto se entiende que los senadores oficialistas están evadiendo los nombramientos quizá para abonar al clima de incertidumbre que les favorece; porque la falta de certeza jurídica ha sido uno de los sellos de este sexenio. Sin embargo, es inexplicable el silencio por parte los políticos de oposición que no han hecho nada evidente para denunciar esta falta tan grave que puede poner en riesgo todos los esfuerzos por tener elecciones democráticas y libres.
Hay expertos que señalan caminos para subsanar el nombramiento de los magistrados vía Senado, que podrían, según algunos ser la opción para salvar este vacío; sin embargo, esa solución puede acabar siendo contraproducente en un escenario de confrontación —que no está lejos de ser el escenario posible tanto en la federal como varias estatales— una vez que se realice la elección, pues se les podría señalar que la Sala es ilegal en su conformación por no haber nombrado el Senado a los dos magistrados que lleguen por esos mecanismos. Lo mismo si la Sala funciona sin estar completa.
Como ya se ha señalado, el escenario de una elección cerrada tiende a ser el esperado y aún si no lo fuera, costó mucho como sociedad el diseñar los mecanismos democráticos y legales para dar certeza a cualquier elección. Debemos recordar que esos mecanismos no se agotaban en el INE, sino que se enriquecían al contar con la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (hoy FISEL antes FEPADE) —hoy en manos de un fiel al titular del Ejecutivo— y con el Tribunal que en 2006 en la federal y en muchas otras elecciones locales fueron determinantes para resolver satisfactoriamente los conflictos, son parte fundamental del ejercicio democrático. Urge que el tema cobre la relevancia que tiene.
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