A menos de dos semanas de las elecciones más grandes en la historia de México, distintas organizaciones han denunciado los altos índices de violencia que se han registrado en el país desde el inicio del proceso electoral, y determinaron que, ante la peligrosa situación, muchos ciudadanos podrían no ejercer su voto el 02 de junio.
En el foro “Más allá de las urnas: Explorando la violencia en el proceso electoral de México 2024”, participaron María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Itzel Soto, analista de datos de Data Cívica, y Armando Vargas, consultor en Integralia. Quienes presentaron estudios hechos por cada institución respecto a violencia.
Los estudios presentados fueron “Votar entre balas”, de Data Cívica en conjunto con México Evalúa, “Reporte de violencia política” de Integralia Consultores, y “Monitoreo de Asesinato de Actores Políticos”, de Causa en Común, los tres informes, coincidieron en un aumento en la violencia política, la cual afecta el ambito local de las personas.
Por su parte, Data Cívica señaló que de 2018 a 2023 se registraron 836 eventos de violencia criminal electoral; mientras que Integralia Consultores reportó 560 víctimas de violencia política desde septiembre de 2023; Al respecto, Causa en Común señaló que 41 actores políticos han sido asesinados, 29 de ellos siendo candidatos.
Data Cívica, indicó que Guerrero lidera el conteo con el mayor número de ataques, pues 11.3 por ciento ocurrieron en la entidad; seguido de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. En conjunto esas cuatro entidades suman el 37.7 por ciento de las víctimas. Según Causa en Común, en el proceso electoral ha habido 70 víctimas en promedio diarias.
Por su parte, Itzel Soto comentó que, desde 2022 ha habido un aumento en la violencia criminal-electoral, con un pico en abril de 2024, siendo mayo el mes con el mayor aumento. “Esta violencia no se limita al periodo electoral, triplicándose los casos en los últimos 10 años”, comentó la analista de Data Cívica.
Armando Vargas, dijo que el aumento de violencia política se puede deber a “la presencia de mercados ilícitos no convencionales, como la extorsión y el tráfico de migrantes” y añadió que el programa de protección a candidatos del gobierno fracasó, pues no se consideran las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado.
Finalmente, María Elena Morera explicó que, debido a la violencia política y la intervención del crimen organizado que ha ido en aumento, “muchos ciudadanos no podrán ejercer su voto de manera libre el próximo 2 de junio, afectando la legitimidad y la solidez institucional de nuestra democracia” y llamó a las autoridades a atender la violencia política.
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