Lamentablemente para la democracia mexicana, las violaciones a las disposiciones legales en materia electoral ha sido una constante de una gran cantidad de actores políticos durante este proceso electoral.
Desde la intromisión del presidente López Obrador todas las mañanas en su programa de autopromoción llamado “La Mañanera”, en donde continuamente opina sobre el proceso y sus actores, aun cuando la legislación electoral se lo prohíbe y que ha sido notificado en varias ocasiones por la autoridad en la materia, hasta la repetición descarada de estas acciones por los gobernadores emanados de su llamada 4T.
Pongo como ejemplo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Baja California, a quien se le han documentado al menos 35 intromisiones en el proceso electoral, ya sea en sus conferencias de prensa semanales o a través de sus redes sociales oficiales.
Pero mucho más grave, que aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en tiempo electoral limitan a los funcionarios públicos a difundir e impulsar los programas sociales, desde la mismísima presidencia de la república se envió una iniciativa para constituir la hoy llamada Pensión del Bienestar, los legisladores de morena y aliados la aprobaron en fast track y hoy el presidente López la presume y anuncia la entrega de dinero a los pensionados del IMSS e ISSSTE en clara violación de los preceptos constitucional y legal que lo prohíben.
El artículo 134 de la Constitución en sus últimos párrafos, a la letra dice: “Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.”
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”
En tanto que el CFIPE en el párrafo 2 del artículo 2 dispone: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”
Es clara la estrategia que desde la presidencia de la república se tiene para influir en los resultados electorales en favor de su partido, violando toda disposición legal. Su idea es ganar a como dé lugar, confirmando su ya conocida expresión “no me vengan con que la ley es la ley”.
Y si desde la presidencia de la República se puede violar la constitución y las leyes sin que pase algo al respecto, todos sus aliados se sienten con la posibilidad de hacer lo mismo, confiados en que no habrá consecuencias.
En el orden municipal, la alcaldesa Norma Bustamante de Mexicali, quien por cierto no se separó del cargo para poder hacer campaña y cumple a la vez con las funciones de candidata y presidenta municipal, ha colocado propaganda ilegal en forma descarada, ello ya fue señalado por la autoridad electoral y ella incumple con las medidas cautelares que se le dictaron, pues como el tiempo de campaña es corto en lo que terminan los litigios la propaganda ilegal seguirá estando visible.
Es mi opinión, actualmente no se respetan las leyes electorales, y eso es grave, y que mientras no haya sanciones ejemplares a los violadores de las disposiciones legales, en tanto no se les retire la candidatura, se proceda a entablar juicio político a los funcionarios de elección popular, se inhabilite a funcionarios públicos, se proceda en materia penal a los reincidentes, políticos y candidatos sin principio éticos seguirán burlándose de las leyes.
Para que esto cambie, se necesitan sí, políticos con ética, también un Congreso que se atreva a llevar estos temas a las leyes, y desde luego funcionarios electorales con carácter a los que no les dé miedo la aplicación de la ley.
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