Los índices de violencia en México no dejarán de incrementarse si los gobiernos estatales dependen del despliegue de la Guardia Nacional. Para que la inseguridad disminuya se requiere una coordinación entre los tres niveles de gobierno, el profundo involucramiento de las administraciones locales y mayor participación de la ciudadanía en la evaluación de las políticas y programas de seguridad.
Así lo recomienda el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el documento “Cimientos de las políticas de seguridad: Primeros pasos y tareas pendientes”, que forma parte de la segunda fase del proyecto Por un México Seguro en el que se realizó un seguimiento analítico de los pasos seguidos durante los últimos seis meses en materia de seguridad por parte del gobierno federal y de diversos estados en los cuales hubo cambio de administración derivado de las elecciones del año pasado.
Ante la necesidad de tener un panorama claro que permita llevar a cabo estrategias certeras, desde 2018 el ONC realizó un seguimiento de cómo han evolucionado las propuestas de seguridad de quienes fueron candidatos a la presidencia, a gobernador y a jefe de gobierno de la CDMX, hasta la publicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno federal, lo que sirvió para valorar el estado en el que es percibida y abordada la problemática al respecto.
Entre los problemas que se desprenden del análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano en el ámbito federal apunta que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el legislativo, “se queda corta en acciones ante las condiciones reconocidas en su diagnóstico respecto a que el país es un panteón”.
Destaca que la Coordinación Nacional Antisecuestros no es mencionada en el PND ni en la ENSP lo que pone en duda el compromiso al combate de este delito que ha repuntado en los últimos meses.
A fin de contar con datos más precisos el estudio destaca que es necesario “hacer públicos los informes de todas las coordinaciones estatales contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) semestralmente”.
Además, considera que deben aclararse “cuáles van a ser los alcances y metas de seguridad nacional que se pretenden alcanzar mediante el Documento Único de Identificación Nacional Biometrizado contemplado en la ENSP.
En los estados
Para realizar este estudio se comenzó a analizar desde las propuestas de campaña hasta los primeros cinco meses de las nuevas administraciones por lo que se consideró la participación de ocho entidades, de las cuales en las dos etapas del proyecto solo participaron Guanajuato, Jalisco y Yucatán mientras que otros sólo lo hicieron de manera parcial o no contestaron.
La ONC supuso un par de escenarios para los gobiernos estatales decidieron no facilitar ninguna información. El primero de ellos es que quienes se negaron a colaborar en este ejercicio, es porque aún no tienen una política de seguridad, y el segundo obedece a diversos factores como: falta de coordinación en el equipo del gobernador, aprovechan otros foros para comunicar sus acciones, y que prefirieron evitar contestar colaborar en la elaboración de este estudio a fin de que en un futuro no tuviesen que rendir cuentas sobre las respuestas que en esto momento pudieran emitir, y como otra presunción es que no consideran necesario que los ciudadanos conozcan su política de seguridad.
De los gobiernos que sí participaron en ambas etapas del análisis, la primera de ellas cuando los hoy gobernadores eran candidatos de Guanajuato y Yucatán, señalaron que la situación de seguridad es igual a lo que esperaban. En tanto, el de Jalisco advirtió que con su equipo han tenido que reformular los diagnósticos pues al llegar al gobierno detectaron importantes irregularidades que arrojan una realidad peor que la prevista en campaña.
Morelos, por su parte, afirma que los cambios positivos serán notorios en un periodo de tres años, luego de que la Guardia Nacional entre en funciones, además aseguró que la situación de inseguridad es peor que la prevista antes de tomar el mando en la entidad. Uno de los aspectos que el ONC resaltó es el caso de Yucatán, entidad que presenta bajos niveles de incidencia delictiva, a pesar de ello la percepción ciudadana en torno a la seguridad no le es favorable a las autoridades, pero el gobierno no cuenta con un diagnóstico para explicar este fenómeno.
Recomendaciones a los estados
Como una aportación del análisis de la ONC, hace una serie de propuestas a los gobiernos de los estados a fin de que estas observaciones les sirvan para mejorar en torno a las estrategias de seguridad pública.
Después de verificar que los gobiernos no cuentan con buenos diagnósticos, subrayó la necesidad de que inviertan para contar con los mismos, toda vez que es fundamental observar el dinamismo del comportamiento delictivo lo que pude ser determinante para el éxito o fracaso de una estrategia.
Por otra parte, destaca la importancia de definir agendas de trabajo con diversos actores sociales, y considera que “no es posible atender eficazmente el problema de seguridad de manera unilateral y centralizada”. Además, recomienda definir objetivos prioritarios con metas realizables, además de evaluar el impacto de las acciones que se han llevado a cabo.
Finalmente, el ONC aconseja a los gobiernos de los estados no asumir una actitud sistemática de temor al escrutinio público y a la rendición de cuentas, porque “tarde o temprano, la ciudadanía exigirá resultados y a partir de ellos refrendará su voto”.
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