Después de que lo balconeó y lo empinó el presidente, en dos mañaneras diferentes, de cometer los delitos de obstrucción de justicia, tráfico de influencia y delitos contra la administración de justicia, Arturo Zaldívar ya no sabe cómo esconderse y defenderse.
Gracias a una nota del periódico Reforma, nos enteramos de cómo funcionaba ese clan delictivo en torno a Arturo Zaldívar. Según la investigación que inició el Poder Judicial contra este exministro, jueces y magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal, en Insurgente Sur, sin saber el motivo por el que habían sido citados. Se sentaban en una sala de espera donde todo el tiempo estaban presentes y vigilándolos unos escoltas armados, y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, este les pedía pasar a un cubículo semivacío.
Antes del encuentro con el funcionario debían entregar sus celulares y dispositivos electrónicos, por seguridad incluso les revisaban bolsas y bolsillos, era la forma en que Alpízar operaba por instrucciones del entonces presidente de la Corte, esto en favor del gobierno.
Ponía sobre la mesa la línea que debían seguir estos juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión o una sentencia.
Por la buena, Alpízar ofrecía a cambio, asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros de la Judicatura, ratificaciones en el cargo o cursos en el extranjero y hasta dinero, como dice Zaldívar: favor con favor se paga, dice la denuncia
Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo; ni siquiera aquellos con el expediente limpio estaban a salvo, podían sembrarles quejas administrativas.
Uno de los chantajes que le atribuyen a Alpízar es el que supuestamente tramó contra el magistrado Arturo Sánchez Valencia, del Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, quien resultaba incómodo para Zaldívar, según dice la denuncia.
Por todos los medios posibles el operador del ministro había pretendido deshacerse del magistrado ordenando que se investigaran sus finanzas y las de su familia, sus declaraciones patrimoniales y las quejas que existían en su contra. Como no le hallaron nada, Alpízar citó en el piso 14 a Selene Tinajero, esposa del entonces juez federal Adrián Rivera López y en aquel momento secretaria del Tribunal al que estaba adscrito el magistrado Sánchez Valencia.
En la reunión el funcionario del Consejo de la Judicatura pidió a la mujer que acusara al magistrado por acoso sexual y a cambio una vez que su marido aprobara el examen de magistrado le daría una buena adscripción. Tinajero rechazó el ofrecimiento y cuando su esposo aprobó el examen lo enviaron como magistrado a un tribunal de Guanajuato, ella ahora está adscrita a un tribunal de la Ciudad de México. Sí, lo separaron, reuniones en el rancho y restaurantes, también había algunas carreras judiciales de décadas fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían en la sede del Consejo de la Judicatura en Insurgente Sur. Otros juzgadores se convirtieron en ejecutores de los mandatos del ministro, según dice también la denuncia.
La denuncia anónima que indaga la Judicatura hace referencia a otro grupo de juzgadores con los que Carlos Antonio Alpízar Salazar trataba fuera de la oficina, y entre ellos se encuentran algunos que resolvían sus asuntos como los dictaba la superioridad. Esas reuniones tenían lugar en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpízar aparentemente en el Estado de México, para darles indicaciones claras sobre los casos relevantes que se tramitaba en la Ciudad de México y también en el Centro de Justicia penal de Altiplano.
La denuncia señala que los que aceptaron las presiones fueron, por ejemplo, el juez Delgadillo, quien dictó la presión preventiva a Rosario Robles, o Zúñiga, quien la impuso a Emilio Lozoya y ordenó la aprensión de Genaro García Luna; Zeferín, quien giró la captura de Francisco García Cabeza de Vaca y tramitó casos como el de Cruz Azul; y el magistrado Córdoba, el que descongeló las cuentas de Sandra Ávila, La Reina del Pacífico.
De acuerdo con el anónimo indagado por el Consejo de la Judicatura, Alpízar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las secretarias de Gobernación, de la Defensa Nacional bajo el pretexto de sensibilizarlos, háganme el favor.
La realidad es que esos encuentros eran para presionar a los jueces y magistrados en algunos casos, los militares fueron a presionarlos para que se apurar a negar amparos contra extraditables porque era prioridad del Ejecutivo federal entregarlos a Estados Unidos. Fue el caso de las juezas Abigail Ocampo y Michel Franco cuando estaban adscritas en Toluca, a quien Alpízar sentó con un militar identificado como “el comandante”, quien les pidió celeridad para resolver unas demandas de dos miembros específicos del crimen organizado.
Yo hago un enfático llamado a toda la comunidad jurídica a finalmente asumir nuestra responsabilidad, la que tenemos los abogados con la justicia; abogados, litigantes, jueces, magistrados que tengan datos o pruebas de esta corrupción deben acercarse a la Suprema Corte a colaborar con esta investigación para que acabemos con la impunidad asquerosa que ha reinado durante tanto tiempo en este país.
Ya basta de impunidad, ya basta de estos esquemas de estos sistemas asquerosos de impunidad que nos afectan a todos, que burlan la justicia, que se burlan de nosotros, es momento de que nosotros los abogados, los que sabemos de la justicia, los que entendemos de la Constitución y de las leyes nos acerquemos a la Suprema Corte para poner un alto a esta impunidad.
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