Tres son las graves amenazas contra la celebración de las próximas elecciones en México, a llevarse a cabo el día 2 de junio próximo. Si están amenazadas las elecciones, está amenazada la democracia. Y no porque la democracia sea igual a elecciones, sino porque las elecciones libres son instrumento toral de toda democracia.
La primera de las amenazas proviene del posible incumplimiento de una disposición constitucional, consistente en el número de casillas que deben ser instaladas en todo el país, para que las elecciones sean válidas. Las casillas que debe instalar el Instituto Nacional Electoral (INE), el domingo 2 de junio son: 170,000 (ciento setenta mil). De este número, si no llegan a instalarse 34,000 (treinta y cuatro mil, 20%), o más sería causa de nulidad de la elección, ya sea porque no hubo condiciones de seguridad por la presencia del crimen organizado, o porque se imposibilite en algunas regiones, por cualquier causa, instalar un número determinado de casillas. Es decir, si por esas y otras razones no se instala el 20% de las casillas, la elección será anulada por la autoridad suprema electoral.
La segunda amenaza es más sutil que la primera: Se trata de un procedimiento que establece la ley cuando se ausentan, por cualquier razón, los funcionarios de casilla. Las razones son variadas: desde la desidia de los ciudadanos, hasta las amenazas a los funcionarios designados por el INE. Esas amenazas vienen, generalmente, de parte de quienes quieren controlar la votación, es decir, el crimen organizado con la complicidad, en general, de las autoridades locales. En el caso de que no se presenten los ciudadanos designados por el INE, la ley prevé que los primeros formados en la fila para votar, tomen posesión de los lugares de los funcionarios ausentes. Sabemos que, en estos casos, esos suplentes suelen ser militantes del partido oficial. Por ser más sutil, es menos riesgoso para quienes quieren controlar las elecciones. Así lo hizo el PRI, durante décadas, y ahora lo puede hacer Morena, o sea, el nuevo PRI por sus siglas, pero el viejo PRI por sus mañas.
La tercera amenaza, y la más grave para que el grupo tiránico en el poder provoque una crisis de alcances inimaginables, es la que se refiere a la disposición constitucional del-artículo 99, fracción II-, la cual ordena a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificar las elecciones, es decir, hacer el cómputo final, determinar si fueron válidas las elecciones y declarar presidente electo.
Hasta aquí, todo parece ir bien, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 167, quinto párrafo, establece que “Para hacer la declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral, deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.”
Actualmente, la Sala Superior cuenta solamente con cinco magistrados, de siete, debido a que dos terminaron su encargo el 31 de octubre del año anterior. No se ha podido nombrar a los dos que faltan, porque el Senado se ha rehusado a proceder a su elección, a pesar de que ya tiene en su poder, desde el mes de noviembre del año pasado, las dos ternas para elegir (una compuesta por hombres y otra por mujeres) a un magistrado por cada terna. ¿Cuál es el misterio que rodea a estos actos de omisión por parte del senado de la República? Hay que considerar que, en noviembre del año pasado, existían condiciones ideales para el nombramiento del que ahora es omiso el senado, porque hoy dice que no hay condiciones. Debemos recordar que Adán Augusto López declaró que la omisión en el nombramiento de 2 miembros del INAI constituía un “estado ideal para el gobierno”, del cual era Secretario de Gobernación.
Todo apunta a que Morena y su jefe máximo, el presidente López, están temerosos de perder las elecciones, de tal manera de que, si esto sucede, el órgano electoral no pueda proceder a computar, ni a validar las elecciones, y tampoco a declarar presidente electo, lo cual provocaría una crisis política de grandes dimensiones, un limbo legal, del cual se aprovecharían para posiblemente hacer una maniobra fraudulenta (como las que acostumbra López) para seguir en el poder.
Para documentar lo anterior, basta una declaración del día 2 de abril de este año, del coordinador del grupo de Morena de la Cámara de Senadores: “Las designaciones de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), así como el nombramiento de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían quedar congelados en el Senado, pues las campañas han impedido los acuerdos”.
“Así lo estimó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien advirtió que no existen condiciones para obtener votaciones de mayoría calificada”, misma que se requiere tanto para proceder a la elección de magistrados electorales, como para elegir a dos comisionados para completar el pleno del órgano de transparencia. Pese a que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y órdenes de una jueza para elegir a dos comisionados del Instituto de Transparencia, Monreal aseguró: “no estamos obligados a lo imposible”.
Dijo que ya “hay problemas incluso para que se presenten los senadores suficientes para tener el quorum necesario para sesionar, pues por ejemplo hoy inició con dos horas de retraso y casi un tercio de ausentes: sólo pasaron lista 90 de 128 senadores” (Expansión Política, Carina García, 2 de abril de 2024).
Dos correcciones:
- Monreal afirma -de mala fe- que “no existen condiciones para obtener votaciones de mayoría calificada”. Porque afirma que, en la sesión anterior, “sólo se presentaron 90 de 128 senadores”. Pero, según el reglamento interior del Congreso de la Unión (yo fui diputado federal en la LV Legislatura), se toman en cuenta los legisladores presentes, que en el senado son 65 para formar quorum, y de allí en adelante. El senado tuvo 5 meses para crear las condiciones que ahora niega.
- Siendo cierto que están vacantes algunos lugares de magistrados de salas regionales del TEPJF, lo que oculta deliberadamente el senador Monreal, es que los nombramientos de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF son cruciales para tener certidumbre en los comicios que se avecinan el 2 de junio. De eso no dice ni una palabra.
Este es un llamado urgente a todos los ciudadanos preocupados por la estabilidad democrática y el futuro de México, a que difundan este tema en las redes sociales y en los medios formales e informales de comunicación, incluso en el extranjero, Esto serviría para exhibir la lenidad de la fracción morenista (y a sus aliados incondicionales) en el senado, tanto en México como en otras partes del mundo, y para presionar a las autoridades mexicanas, con el objeto de que se nombre, a más tardar en este mes de abril, por lo menos a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, si no queremos vivir una crisis política de dimensiones inimaginables.
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