El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debe asumir competencia para conocer respecto de los documentos generados de 2019 a la fecha, sobre la problemática del tráfico de armas de Estados Unidos de América a México, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, enfatizó que conocer la información solicitada resulta relevante, dado que se encuentra relacionada con temas sumamente importantes en México: la seguridad pública, la violencia y los delitos cometidos con arma de fuego.
“De ahí que sea importante que el tipo de información como la que se solicita sea de conocimiento público; ahí es donde el Estado mexicano, a través de las dependencias competentes para combatir una problemática que amenaza la soberanía y la seguridad nacionales, no solo rinde cuentas sobre su actuar y la mejor toma de decisiones, sino sobre el verdadero funcionamiento de las políticas públicas focalizadas al combate de tráfico de armas en nuestro país”, indicó.
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La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del Centro Nacional de Inteligencia, que se declaró incompetente para conocer la información solicitada y sugirió presentar el requerimiento ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Al analizar el caso, la ponencia del comisionado presidente, Alcalá Méndez, advirtió que en materia de procuración de justicia, el Centro Nacional de Inteligencia debe ser auxiliar del Ministerio Público de la Federación y bridar cooperación, apoyo técnico y tecnológico e intercambio de información sobre delincuencia organizada.
Aunado a lo anterior, se localizó en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores un comunicado de 2021, en el que se detalla que el sujeto obligado fue parte de una delegación contra tráfico ilícito de armas, que expuso que las entidades federativas con mayor afectación por el tráfico ilícito de armas se ubican en la frontera norte de México.
Por lo anterior, la ponencia determinó que el sujeto obligado sí podría conocer de lo peticionado, es decir, de documentos que dan cuenta de la problemática del tráfico de armas de los Estados Unidos a México. Con base en los argumentos presentados, el Pleno del Inai revocó la respuesta del Centro Nacional de Inteligencia y le instruyó asumir competencia, para otorgar la respuesta que en derecho corresponda.
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