Migrantes en América Latina benefician a las economías locales: Acnur

Las personas refugiadas y migrantes llenan vacíos trascendentales en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de los países de acogida. Sin embargo, estas personas a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, destacan un par de estudios elaborados por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Los estudios intitulados Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad para el desarrollo (del BM y la Acnur) e Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe (del BID, OCDE y Acnur) destacan que cuando se les da la oportunidad de hacerlo, las personas desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías de los países donde viven.

De acuerdo a Carolina Mejía Mantilla, autora de uno de los análisis, los movimientos de población pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas

Para que estos beneficios se materialicen, son esenciales políticas específicas que promuevan la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana en los mercados laborales, que les proporcionen acceso a los servicios básicos y que fomenten su inclusión social, indicó.

Se estima que el PIB de los principales países de acogida de América Latina y el Caribe aumentará, en promedio, de 0.10 a 0.25 puntos porcentuales al año, entre 2017 y 2030. “El éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la mayor disponibilidad de mano de obra y al impulso de la demanda”, destacan ambos reportes.

Cada vez más personas se están desplazando en las Américas debido a que persisten situaciones de violencia, inseguridad, desigualdad y violaciones de los derechos humanos. A mediados de 2023, según datos de Acnur, había 22.1 millones de personas desplazadas en las Américas, y también es de resaltar que en América Latina y el Caribe se recibió aproximadamente un tercio de todas las solicitudes de asilo individuales presentadas a nivel mundial tan solo el año pasado.

El estudio del BID, la OCDE y ACNUR, que abarca a las poblaciones desplazadas por la fuerza en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, revela que los jóvenes desplazados tienen más dificultades para continuar con sus estudios y conseguir empleo que los jóvenes nacidos en el país; también revela que la niñez desplazada asiste menos a la escuela y la abandona con más frecuencia que la niñez nacional, lo que repercute en la integración generacional. Además, el estudio indica que la tasa de empleo de las mujeres es inferior a las de los hombres, tanto en el caso de la población local como desplazada.

Los estudios ponen de relieve cómo la xenofobia y la discriminación pueden repercutir negativamente en la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes, así como mermar su capacidad de contribuir a las comunidades de acogida.

El estudio del Banco Mundial y ACNUR, por ejemplo, revela que la mayoría de las personas venezolanas desea permanecer en sus países de acogida. A pesar de ello, su participación en la comunidad se limita principalmente a actividades religiosas, aun compartiendo el mismo idioma y manteniendo lazos culturales comunes. En los cuatro países de acogida objeto del estudio, entre el 26 por ciento y el 40 por ciento de las personas venezolanas denunciaron episodios de discriminación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

Lo mismo se refleja en el estudio del BID, la OCDE y ACNUR, según el cual, en Chile, Colombia y Perú, aproximadamente el 30 por ciento de las personas desplazadas declaró haber sufrido discriminación por su origen. El estudio del Banco Mundial y ACNUR recomienda que las políticas públicas promuevan la cohesión social, prevengan la exclusión y minimicen el impacto sobre las poblaciones locales.

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