La inminente y cada vez más cercana llegada del Día Cero, fecha fatal en que se acabe el agua, es fundamental que ciudadanos, autoridades y empresas actúen responsablemente para cuidar el vital líquido, pero también es urgente diseñar modelos eficaces de gestión, impulsar cambios legislativos e inversión de muchos recursos en infraestructura que no se pueden regatear, pues está en juego la estabilidad social, el desarrollo económico y, desde luego, la sobrevivencia de animales, plantas y los seres humanos, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su publicación oficial Señal, el organismo patronal calificó como una “grave omisión” que, entre las propuestas de cambios constitucionales presentados recientemente por el Ejecutivo al Congreso, el tema del agua “se aborde de manera superficial”, toda vez que “la reforma planteada no resuelve en absoluto el problema”, cuando debe ser de “máxima prioridad para el Estado mexicano, y no puede estar sujeta a condiciones partidistas ni electorales. La agenda del agua debe ser abordada como riesgo a la seguridad nacional”.
Reprochó que el actual gobierno federal abordó la problemática del agua con una visión de corto plazo además de que privilegió lo político por encima de lo técnico. La actual administración, dijo la Coparmex, diseñó un Programa Nacional Hídrico pensando únicamente en el periodo 2020-2024.
El sindicato patronal aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no responde a los grandes desafíos actuales, ni de ella se desprende una dotación adecuada y suficiente de recursos para que los gobiernos federales, estatales y municipales puedan cumplir con políticas públicas para modernizar el campo.
Por otra parte, señaló que el crecimiento de las manchas urbanas ha influido en la falta de agua y esto podría empeorar en un futuro cercano debido a que se estima que, en la presente década, la población nacional se incrementará en más de 11 millones de personas y la mitad de ellas se registrará en zonas urbanas donde las regiones hídricas están sobreexplotadas.
La Coparmex consideró que la mayoría de los organismos operadores de agua en el país son poco eficientes al ser usados con fines políticos e intereses de grupo por encima del bien común. “No tienen una visión estratégica de largo plazo, tampoco cuentan con planes técnicos bien implementados, no miden el consumo de agua a todos los usuarios, no cobran el servicio de manera integral; tampoco se fiscalizan adecuadamente las tomas clandestinas, por lo que al final, no recaudan recursos suficientes para poder operar. Sin dinero, no se invierte en renovación de la red, en tecnología para mejorar la eficiencia física y comercial y, por supuesto, no hay fortalecimiento del equipo técnico con un plan de vida y carrera de largo plazo”.
Para enfrentar estos y otros retos más que garanticen a la población del país contar con el vital líquido, el organismo empresarial urgió a crear una nueva Ley General de Aguas que sea una plataforma con visión de largo plazo para emprender los cambios de fondo que se requieren, además consideró que la ley debe cambiar los incentivos perversos que hoy propician el desperdicio y mal uso.
Por otra parte, apuntó que es indispensable contar con un Operador de Agua Potable eficiente, pues puede ser un gran detonador de desarrollo, inclusión y crecimiento, garantizando el abasto en cantidad y calidad, siempre y cuando se establezcan políticas públicas subsidiarias que aseguren el cobro del servicio a todos.
“Con esto se obtendrían recursos para invertir en el mantenimiento de la red, la búsqueda de nuevas fuentes de abasto, en el tratamiento de las descargas para aprovechar su reúso y, sobre todo, en crear una cultura de uso responsable del agua”, resaltó.
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