Desde la Constitución de 1824, México se ha definido como una república, es decir, una forma de gobierno que no recae en una sola persona, sino que hay división de poderes. Es verdad que no siempre se ha vivido conforme a lo que dictan las leyes. Sin embargo, el anhelo de ser en efecto una república no sólo con división de poderes sino con organismos autónomos que garanticen todavía más la vigilancia y el contrapeso al ejercicio del poder fue lo que dio lugar grandes cambios desde el año 2000 hasta 2018.
Esos cambios nos volvieron una república democrática (con Suprema Corte independiente y Poder Legislativo equilibrado), con elecciones confiables (INE y TFJE), con la posibilidad de transparencia en la rendición de cuentas (INAI) y con otros órganos que regulan la competencia desleal (la Cofece y la CRE, que además es requisito del T-MEC) entre otras muchas funciones.
Esos órganos no fueron cómodos para ninguno de los tres titulares del Ejecutivo, pero los respetaron, pero sí son un estorbo para el actual titular. Sin haber engañado a nadie, pues repitió la célebre frase “váyanse al diablo con sus instituciones” más de una vez, al ganar la elección con un margen muy amplio de votos —que además le favorecieron en el Poder Legislativo— leyó equivocadamente esos resultados y creyó que su triunfo le daba derecho a acabar con aquello que le incomodara para su peculiar forma de ejercer el poder.
Así durante cinco años ha hecho todo lo posible por debilitar la autonomía de los otros dos Poderes. El Legislativo ayudado con la actitud más servil y abyecta de la historia del Poder Legislativo asumida por los diputados de su partido, del PT y del Verde. En la Corte, también intervino forzando la salida adelantada de dos ministros ya —Medina Mora al inicio y ahora la de Zaldívar— para asegurar más nombramientos de los que los tiempos le habrían permitido. Aunque incluso algunos de esos ministros han mostrado su compromiso con lo que exige la Constitución y no con quien los propuso para el puesto. Ese “error” no le volverá a pasar, pues se asegurará de que el nombramiento pendiente recaiga en alguien con un elevadísimo coeficiente de lealtad a su persona, en total detrimento del interés de la nación y de la prevalencia de la Constitución.
Por otra parte, los organismos autónomos han sido debilitados con diferentes estrategias como dejarlos sin los nombramientos suficientes (INAI), poniendo a leales en puestos clave (INE), poniendo a gente subcapacitada para el puesto (CNDH), negándose a someterse a sus dictámenes o peticiones (CRE); pero en todos los casos vociferando en su contra un día sí y el otro también para descreditarlos ante el gran público que no siempre es capaz de entender la trascendencia de cada organismo por ser muy especializados.
El lunes 11 de diciembre, muy probablemente gracias a las últimas revelaciones del contubernio de su hijo Andrés en muchísimos negocios que han favorecido a amigos, y que huelen además de amiguismo a corrupción que no hubieran sido posibles sin el INAI, se dio una nueva amenaza a estos organismos. En la mañanera anunció que mandará iniciativas para la desaparición de la CRE, el INAI y otros organismos —el INE y el TFJE los tiene bastante cooptados—. Esta declaración apunta a quedar sólo como testimonio, en sus propias palabras “para quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, pero si las elecciones las vuelve a ganar su partido y ganan con suficiente fuerza en el Congreso, nadie se llame a engaño si ahora sí desparecen todos los contrapesos y la división de poderes.
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