Centralismo, opacidad, confrontación, falta de planeación son algunos de los rasgos característicos de los primeros 100 días de gobierno de López Obrador, de acuerdo con un análisis presentado por la consultora Integralia.
A 100 días del inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sus índices de popularidad se mantienen con una tendencia estable o a la alza, efecto que no se veía en los últimos sexenios, ya que tanto Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña vieron afectada su aceptación entre la sociedad durante los primeros 100 días de sus respectivos gobierno.
Al respecto la consultora Integralia presentó un estudio donde señaló cinco factores que han favorecido los altos niveles de aceptación hacia el presidente López Obrador durante su arranque de gobierno:
1. Un estilo cercano de gobernar.
2. La sensación de una mejora ante el hartazgo por los gobiernos anteriores.
3. Un gobierno de acciones rápidas (a pesar de su falta de planeación y fallas en su implementación).
4. Comunicación basada en un lenguaje común y cercano.
5. Planteamiento de una lucha del bien contra el mal, representado entre la Cuarta Transformación contra el Neoliberalismo.
Es decir, el presidente ha marcado una estrategia basada más en una toma de decisiones políticamente rentables y que gozan de la aceptación general antes que entrar de lleno a temas difíciles y polémicos. Sumado a las grandes expectativas depositadas en el gobierno donde incluso señala el documento presentado por la consultora: “La esperanza parece más poderosa que las cifras”.
De seguir esta tendencia con los altos índices de aceptación, Integralia señala como muy factible un triunfo arrollador para las elecciones intermedia de 2021 con lo cual se facilitaría la centralización del poder en el país en torno a la figura presidencial.
Comunicación presidencial
A lo largo de poco más de tres meses, Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado un nuevo estilo de comunicación política, que en ocasiones podría parecer propagandística y que de acuerdo con Integralia podría significar algunos dilemas para el actual gobierno.
Por ejemplo, el ejercicio de las conferencias matutinas donde el presidente hace alarde de retórica, pero sin dar importancia a la rendición de cuentas ni a la transparencia ni comprobación de datos. Dando un peso prácticamente absoluto al discurso político y propagandístico.
La constante polarización y “ataque simbólico” a quienes disienten con sus estrategias de gobierno y políticas públicas, denostando a la oposición y poniendo en riesgo un sano ejercicio de crítica y de libertad de opinión.
Otro ejemplo es la manipulación y distorsión deliberada de la realidad apostando a estimular las creencias e ilusiones por encima de los datos duros y comprobables. Por ejemplo, “al debatir decisiones relevantes de política pública (cancelación del aeropuerto, Tren Maya, refinería, supresión de programas sociales) el presidente y sus voceros han centrado su comunicación en narrativas, opiniones y convicciones políticas y han ignorado –y en ocasiones descalificado– los datos, cifras y estudios de especialistas”.
La apuesta de un discurso enfocado más en comunicar intenciones que en informar resultados, lo cual le ha funcionado como estrategia al presidente ya que está siendo evaluado por la bondad de sus intenciones, lo cual ha permitido que se vuelva impermeable a las pocas evidencias de avances y resultados.
Estilo personal de gobierno
Las principales características de Andrés Manuel López Obrador para gobernar durante estos primeros 100 días podrían generalizarse en:
Voluntarismo para instrumentar proyectos que considera prioritarios aun sin contar con sustento técnico o financiero.
Nula capacidad para reconocer errores y tendencia a desdecirse ante afirmaciones inexactas.
Estilo gerencial centralizador que busca acción sin dilación, lo cual lo ha llevado “a tomar decisiones precipitadas, anunciar acciones –en ocasiones– sin el conocimiento de quienes las llevarán a la práctica y sin la deliberación entre colaboradores y expertos”, señaló la consultora.
Tendencia a desconfiar de los órganos autónomos o reguladores independientes, por representar un contrapeso natural para las decisiones unipersonales a las cuales es afecto.
Toma de decisiones a partir de una visión ideológica por encima de la opinión de expertos en diversas materias, por ejemplo, en el sector energético, materia educativa o temas de infraestructura.
En materia económica el presidente ha dado señales de mantener equilibrios financieros, se muestra receptivo a la reacción de los mercados y a las sugerencias de su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien se caracteriza por una política equilibrada y no ideologizada en temas financieros.
Pemex como talón de Aquiles
El documento presentado por Integralia señala que el presidente ha heredado una situación frágil de la principal empresa pública del país. Una pronunciada caída de la producción petrolera y de petrolíferos, una reducción significativa de las reservas 1P, importaciones crecientes, un alto nivel de endeudamiento, una vulnerable red de distribución y logística de petrolíferos, un deterioro de su capital humano y problemas de opacidad y corrupción. El reto de fortalecer a la empresa, por tanto, es mayúsculo al tiempo en que el margen de error es más limitado que nunca.
Sin embargo, las acciones y decisiones tomadas por la nueva administración han elevado los riesgos para la empresa. La suspensión de las rondas petroleras, el regreso de los modelos tradicionales de contratación, la insistencia en construir una nueva refinería, el nombramiento de funcionaros inexpertos al frente del sector, la pérdida de capital humano por las excesivas medidas de austeridad, el desprecio por el gobierno corporativo de la empresa así como del regulador, entre otras, muestran un mismo hilo conductor: el predominio de las decisiones políticas sobre las técnicas.
Las calificadoras han puesto su mirada en este estilo de conducir a la empresa y han comenzado a mandar señales de alerta. Fitch lo hizo con una doble reducción en su calificación, S&P con una rebaja en la perspectiva y Moody´s con una advertencia de que hacia mediados del año evaluará la situación crediticia de la empresa.
Ante ello, la consultora señala sólo dos posibles rutas para Petróleos Mexicanos: reconocer que la empresa no podrá cumplir con las elevadas expectativas de producción que tiene la administración, dar marcha atrás a temas como la suspensión de rondas petroleras y no construir la refinería en Tabasco; o mantener las directrices actuales, asumiendo las severas consecuencias que esto conlleva.
Politizar la economía
En referencia al desarrollo económico del país durante estos primeros 100 días, señalan una serie de claroscuros, por ejemplo, se destaca la confianza del consumidor que observa máximos históricos, la inflación que ha mantenido una trayectoria decreciente, el tipo de cambio estable del peso frente al dólar, la creación de empleos formales que mantiene su dinamismo respecto a otros inicios de año y el crecimiento de la inversión pública en enero.
Sin embargo, también mencionan como un riesgo la lista de indicadores negativos que comienza a tomar preeminencia, como por ejemplo, la plataforma de producción de Pemex sigue disminuyendo, con impacto negativo en los ingresos públicos; a su vez, la caída en la plataforma de producción, aunado al menor precio del petróleo, impactaron negativamente los ingresos presupuestarios: respecto del primer mes de 2018, disminuyeron en términos reales 7.5% y fueron inferiores en más de 24 000 millones de pesos a lo programado.
A la par, las tres principales agencias calificadoras han alertado que podrían reducir la calificación de México en un futuro cercano ante dudas respecto a la política energética del nuevo gobierno y, en particular, interrogantes respecto al Plan de Negocios de Pemex.
Concentración de poder
A partir del triunfo arrasador del presidente López Obrador se han sentado a lo largo de estos días un estilo gubernamental que aumenta la percepción de una concentración malsana del ejercicio del poder en el Ejecutivo federal sin contrapesos reales.
En materia de las nuevas estructuras administrativas la creación de los superdelegados, el desmantelamiento de la burocracia federal y nombramientos de funcionarios afines a Morena, pero en una escala nunca antes vista; la discusión en torno a los salarios para que no estén por encima del presidente de la República y el escarnio público para los funcionarios que han sido expuestos, son ejemplos del desgaste provocado desde el gobierno para centralizar el poder.
Otro caso es el de los nombramientos propuestos por el Ejecutivo para ministros de la Suprema Corte con personajes muy allegados al movimiento presidencial, o el titular del primer fiscal general de la República, donde a pesar de las presiones ciudadanas para contar con un perfil independiente, López Obrador propuso a Alejandro Gertz, quién también se ha caracterizado por la cercanía al presidente. Además del escándalo provocado por el escaso conocimiento de los integrantes de las ternas enviadas por el presidente para integrar la Comisión Reguladora de Energía, donde prevalecen los perfiles políticos por encima de perfiles especializados en la materia.
Respecto al Congreso de la Unión, el número de diputados de Morena, así como de sus aliados del PT, Encuentro Social, Partido Verde y disidentes del PRD ha permitido que la Cámara Baja pueda ser considerada básicamente como una oficialía de partes para las iniciativas presentadas por el Presidente. Donde todavía podría haber un poco de contrapesos sería en el Senado de la República, pero aun ahí la fuerza de López Obrador es muy grande, poniendo en riesgo la independencia de otro poder de la Federación.
En cuanto a lo referente a los órganos autónomos cuya finalidad es despolitizar y profesionalizar la regulación de ciertas actividades o políticas públicas que, por su naturaleza, pueden ser capturadas, manipuladas o sesgadas por razones económicas, de interés político o simplemente de incompetencia; el presidente López Obrador ha dado muestras de que la autonomía es sinónimo de organismos que entorpecen y dilatan lo que él podría hacer a través de decisiones ejecutivas. Además, tanto él como sus partidarios consideran que la mayoría de los órganos autónomos son onerosos y se encuentran capturados por intereses económicos o que protegen el orden político del régimen anterior.
La presión del gobierno federal a estos órganos se ha hecho por dos vías: 1) señalamientos, acusaciones y escarnio público; y 2) reducciones presupuestales y salariales generalizadas. Las críticas las han concentrado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). También ha criticado al Instituto Nacional Electoral.
Es significativo que durante su administración el presidente podrá presentar 36 propuestas de nombramiento para integrar los órganos autónomos y reguladores y así reorientar su visión y desempeño (los nombramientos de los integrantes de los órganos de gobierno del INEGI, Cofece e IFT son regulados por los procesos de selección establecidos en el Art. 28 constitucional que mandatan que se haga un proceso de selección riguroso y basado en méritos). Sin embargo, con las renuncias que se han presentado recientemente en algunos reguladores, este número incrementará.
Seguridad Pública
Luego de la aprobación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente, pero matizada en el Congreso de la Unión gracias al trabajo de la sociedad civil y los partidos de oposición, ahora el Gobierno federal enfrentará una problemática y exigencia social de gran calado como es el problema se la seguridad pública y el grave daño social provocado por el narcotráfico y crimen organizado.
Al respecto el presidente anunció el reclutamiento de 50 000 nuevos elementos en los próximos dos años. Esto supone un enorme desafío logístico y presupuestario. Cuando la anterior administración buscó reclutar 40 000 elementos para la Gendarmería, sólo 5 000 acreditaron los controles de confianza. Se corre el riesgo, por tanto, de que no se encuentren elementos suficientes o que se flexibilicen, con los riesgos que esto conlleva, los controles de confianza para reclutar al mayor número posible.
Por otro lado el gobierno no ha definido metas claras que permitan determinar la efectividad de la Guardia ni se ha clarificado si habrá mayores recursos públicos destinados para la seguridad. Se ha hablado vagamente de la construcción de la paz, sin definir cómo ni en cuánto tiempo se alcanzará. Además, no se ha anunciado un cambio estratégico ni táctico claro, sino que parecería que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional seguirán desempeñando las mismas tareas que ya llevaban a cabo en sexenios anteriores. En ese sentido, no se estima que los índices delictivos se reduzcan en el corto plazo.
Infraestructura
En los primeros 100 días de gobierno ha quedado de manifiesto que el presidente López Obrador está empeñado en hacer realidad los cuatro proyectos de infraestructura insignia que prometió durante la campaña: Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Tren Transístmico, Aeropuerto en Santa Lucía. Desde el primer día de la administración iniciaron los procesos administrativos y presupuestarios para llevarlos a cabo. El desarrollo de los cuatro proyectos, sin embargo, enfrenta diversos retos –económicos, sociales, ambientales, entre otros– que pueden significar retrasos considerables, incrementos imprevistos de costos, desaprobación social e incluso una eventual cancelación.
Polémica por los Programas Sociales
Como parte de su política social, López Obrador definió seis programas sociales:
Jóvenes Construyendo el Futuro
Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores
Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente
Producción para el Bienestar
Microcréditos para el Bienestar
Sembrando Vida.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se asignaron un total de 180 000 millones de pesos para estos programas, cuyo objetivo es atender a alrededor de 16 millones de personas mediante la entrega de recursos de manera directa.
La problemática identificada por Integralia es que dichos programas presentan rasgos en común en cuanto a los riesgos para su implementación: padrones opacos, reglas de operación ausentes o demasiado generales, análisis de costo-beneficio ausentes y opacidad en cómo se dispersarán los recursos.
Por otro lado señalan que “una de las principales recomendaciones que ha realizado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es que los programas deben contar con reglas claras para su ejecución. Por otro lado, el padrón de beneficiarios para estos programas provendrá de un ‘censo del bienestar’, levantado por simpatizantes de Morena. Esto representa el riesgo de que los programas se utilicen de forma clientelar para fortalecer su estructura electoral”.
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