En México, hay mucho en juego en el actual momento político, pues está en juego la continuidad de un proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena en todo el país en el que sin duda alguna la cereza del pastel es la Ciudad de México.
Pellizcos, empujones, gritos e insultos para quedarse con el poder se protagonizan día a día en la clase política, pero algo que superó todas estas acciones fue la información que dio a conocer el periódico The New York Times al revelar el presunto espionaje que la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, ha venido haciendo a diversos personajes de la política nacional entre quienes destacan la senadora Lilly Téllez y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.
Sí ya de por sí es grave que una autoridad espíe, lo que evidentemente es un delito, es peor aún cuando está en juego la Jefatura de Gobierno de la capital, así como la pretensión de ratificar por cuatro años más a Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México.
Destapando la cloaca
El 9 de noviembre The New York Times publicó una investigación titulada Políticos y funcionarios, blanco de vigilancia en México, en la que asegura que la FGJ solicitó los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según consta en expedientes y que varias de las víctimas de este presunto delito aseguran que se les siguió por razones políticas.
El reportaje señala que desde 2021 la fiscalía de Ciudad de México vigiló a diversos personajes porque buscaba encontrar una conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones.
Destaca que Telcel fue requerida por la fiscalía de Ciudad de México para brindar información de algunos de sus clientes, y menciona que en los casos de emergencia en donde hay una vida en peligro —como en los secuestros— la legislación mexicana permite que los investigadores obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden.
Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez federal a las 48 horas de hacer el acercamiento a las empresas de telecomunicaciones, algo que la fiscalía no llevó a cabo. En los registros judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de un juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados, según detalla el diario norteamericano.
En el caso particular de Santiago Taboada, después de enterarse un año después de que estaba siendo espiado gracias a la filtración de un conocido, presentó una demanda para obligar a que la fiscala general de Ciudad de México y Telcel respondieran a la acusación, indica el medio estadounidense.
Cabe señalar que Taboada es uno de los personajes que podrían convertirse en el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de hecho, el Partido Acción Nacional lo nombró este domingo 12 de noviembre como su candidato a ese puesto a disputarse en los comicios de 2024.
En su defensa, la fiscal Ernestina Godoy en conferencia de prensa negó haber ordenado espiar a varios políticos, además aseguró que “no son documentos oficiales de la Fiscalía” los mencionados en el reportaje.
Añadió que el diario estadounidense avisó a la PGJ sobre la publicación que haría, por lo que la dependencia entregó información relacionada con los amparos promovidos ante un juez para demostrar la falsedad de los documentos, pero no consideraron esta información y el reportaje salió.
Godoy busca repetir
A punto de concluir su periodo de cuatro años al frente de la fiscalía capitalina, Ernestina Godoy ha sido propuesta por el jefe de Gobierno, Martí Batres, para repetir en el cargo, lo que ha sido duramente combatido por la oposición.
En este entorno, el reportaje del The New York Times se convierte en un obstáculo más a los que esta candidatura se ha enfrentado, pues a los diputados oficialistas en la capital les está costando trabajo amarrar los 44 votos que requieren para lograr la continuidad de Godoy.
De acuerdo al proceso legal, el plazo para que Godoy Ramos fuera entrevistada por los legisladores en el Congreso capitalino vence el lunes 13 de noviembre, pero ante la falta de seguridad por juntar los votos, Martha Ávila, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la capital del país, dijo que no hay prisa para discutirlo en el pleno del Congreso local, por lo que podrían pasarlo para discutirse en el periodo extraordinario a realizarse en enero.
Piden aclarar la situación
Al ser cuestionado por Yo Influyo sobre qué opinión le merecía el que la PGJ esté siendo acusada de espionaje, José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), respondió que “es inaceptable que una fiscalía esté siendo involucrada en un escándalo de espionaje”, toda vez que es precisamente la autoridad la que debe velar por la seguridad de la población.
Añadió, que esta situación debe esclarecerse y en caso de que resulte cierta, se tomen las medidas que ameritan un hecho de esta naturaleza, y si no, pues que se aclare que no es cierto. “Pero sí es un tema delicado que debe aclararse a fondo”, subrayó.
Te puede interesar: Diputados oficialistas aprueban presupuesto, complacen al presidente
Facebook: Yo Influyocomentarios@yoinfluyo.com
