La Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, aprobó el gasto público del 2021 con alrededor de 60 mil millones de pesos sin una justificación clara. Si se suman los tres primeros años del actual gobierno, señaló un legislador de oposición, “hay un monto de observaciones por 228 mil724 millones de pesos”. (vía Reforma)
A octubre del 2023 los recursos dispersados a estados se redujeron, mientras el gasto público del gobierno federal aumentó, aunque les dieron a los estados menos de lo pactado.
El costo financiero neto de financiamiento del gobierno federal, amortizaciones (pago del capital) e intereses, significó en el 2018 el 2.1 por ciento del PIB, mientras en 2024 se estima será del 3.4 a 3.7 por ciento del PIB.
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El pago de esa deuda significa casi el 50 por ciento del gasto público, a pesar de que parte de los intereses se renegociaron a un mayor plazo, lo que significa que el actual gobierno les pasó la obligación de pagarlos a gobiernos posteriores. Se cumplió la frase “gaste ahora y pague después”.
Las pérdidas de Pemex y la CFE aumentan, al igual que en otras empresas estatales.
El gobierno de la 4T incrementa su gasto, principalmente entre los sectores considerados pobres, a muchos de los cuales les hacen la advertencia de que si pierde Morena dejarán de recibir esa ayuda. En otras palabras, en 2023 intercambian ayudas por votos y lo planean seguir haciendo en 2024.
Si queremos evitar una crisis por incapacidad del gobierno de pagar sanamente su deuda, es necesario que reduzca su gasto total y el déficit presupuestal, mediante un menor gasto y no aumentando la presión fiscal. La tasa de impuestos en México es de las más altas del mundo: 51.1 por ciento. En las zonas especiales de China es del 15 por ciento; en los Estados Unidos, del 36.6 por ciento, y en Canadá, del 24.5 por ciento. Esa es una de las razones por las que, a pesar de tener una amplia frontera con Estados Unidos y que está a unos metros, los chinos al otro lado del mundo les ofrecen a los vecinos del norte productos más baratos.
El actual gobierno, para mantener su alto nivel de gasto, tomó dinero de los ahorros de diversos sectores del sector público, como del Poder Judicial, a quien le expropió arbitrariamente los fideicomisos donde guardaba sus ahorros.
Si el actual gobierno no reduce su gasto en 2024 y no convierte a Pemex y a la CFE en empresas públicas, que coticen en bolsa y sus directivos e inversiones no estén a capricho del presidente, es muy probable una crisis que salga del control de gobierno a finales de este sexenio o principios del siguiente.
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