Para salir adelante de la destrucción ocasionada por el huracán Otis en Acapulco y varios municipios aledaños, se requerirá de 61 mil 313 millones de pesos, previó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Ninguna ayuda sobra, por el contrario, todo suma para atender desde las necesidades inmediatas de la población hasta la reconstrucción de calles, casas, edificios, hospitales, hoteles, restaurantes, mercados, centros comerciales, escuelas y en sí ciudades enteras.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 30 de octubre insistió en que los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que apenas la semana pasada por mayoría decidió extinguir el Congreso de la Unión, eran “un fondo de privilegiados y que ese dinero puede utilizarse en beneficio del pueblo”, y en seguida soltó la propuesta de llegar a “un acuerdo, para que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos (Poder Judicial) formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.
Pocas horas después, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, respondió a través de una misiva dirigida al jefe del Ejecutivo que veía viable su propuesta y estaba dispuesta a de manera institucional sentarse a dialogar sobre la misma.
En el oficio la ministra asegura que la propuesta del mandatario “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”.
Añade que “trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.
Asimismo, Norma Piña aseguró que “desde el Poder Judicial Federal estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Lo anterior al margen de que, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
El presidente aplaudió la respuesta de la presidenta de la SCJN e informó que ya instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que apoyada en el Secretario de Hacienda prepare la comunicación con la ministra Norma Piña.
“Miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés del pueblo. Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien”, indicó.
Manzana de la discordia
A pesar de que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ya se publicó el decreto de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, ya se han interpuesto varios amparos que reclaman su improcedencia.
Por el momento, el Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Al margen de lo que proceda finalmente, el Ejecutivo ya planeó cómo disponer de los 15 mil millones de pesos, primero había señalado que estos recursos se destinarían a programas sociales, pero una vez acontecido el huracán en Acapulco reconsideró y señaló que mejor se utilizarían para apoyar a las necesidades surgidas por la población de los municipios afectados por el fenómeno meteorológico.
Sin embargo, la ley impide que los recursos de los fideicomisos se manejen a discreción, de acuerdo a especialistas en leyes.
En el programa “Así las Cosas“, Pedro Salazar investigador del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aclaró que “los fideicomisos tienen una naturaleza jurídica propia, no son propiedad del Poder Judicial, tampoco lo son del Poder Ejecutivo“, y los amparos ya fueron aceptados por un juez.
“Es una ocurrencia bien intencionada, pero su materialización no es sencilla”, enfatizó.
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