La intempestiva y unilateral modificación de la regulación tarifaria aeroportuarias hecha por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) representa una falta grave al Estado de derecho, refleja un manejo administrativo irresponsable que puede producir un deterioro en la calidad de los servicios que reciben los pasajeros, además de desincentivar nuevas inversiones en el sector aeroportuario, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial reprobó la manera en que la AFAC decidió llevar a cabo cambios sustanciales en los términos de las bases de regulación tarifaria, sin medir las consecuencias económicas para miles de inversionistas y la afectación futura a millones de pasajeros, además de enviar un mensaje a la comunidad internacional de que la autoridad no respeta los contratos firmados con los particulares.
“Las resoluciones unilaterales y discrecionales son una muy mala señal para quienes pretenden invertir en nuestro país; la incertidumbre normativa y económica ahuyenta el arribo de nuevas inversiones, es un contrasentido a la oportunidad histórica que representa la ‘relocalización de plantas industriales’ (Nearshoring)”, subrayó.
La Coparmex hizo un llamado al diálogo entre los concesionarios que operan 41 aeropuertos en México y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) para que se llegue a un acuerdo que beneficie a todos los participantes de la industria, toda vez que a escasos días de haberse dado la modificación ya se registró una primera afectación con la caída de hasta 26 por ciento en el valor de las acciones de los grupos aeroportuarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); además esta decisión suma un nuevo factor negativo para la atracción de inversiones al país.
Asimismo, aseveró que ante la evidencia de que el presupuesto público no alcanzará en 2024 para cubrir muchos rubros -más allá de los programas sociales y proyectos prioritarios de la administración federal- se requiere de la colaboración plena entre el gobierno y el sector privado para fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes; pero advirtió que sin confianza mutua, sin respeto a la ley, esto será muy difícil.
En este sentido exhortó a las autoridades a dar marcha atrás a esta decisión pues consideró que “no por decisiones políticas o electorales de corto plazo, deben perderse las ventajas competitivas y el atractivo de México ante el nearshoring”.
El sindicato empresarial se pronunció por el estricto respeto y apego a la ley y a los términos bajo los cuales fueron otorgados los Títulos de Concesión, por el cumplimiento cabal de los procedimientos y por la generación e implementación de políticas públicas que pongan al centro a las personas, que privilegien la libre empresa y que busquen el desarrollo inclusivo de la nación.
Aclaró que el cambio de las tarifas aeroportuarias hecho por las autoridades federales es una falta grave al Estado de Derecho, ya que se violó lo estipulado en el artículo 10.8 de la Concesión, el cual dice que “las condiciones establecidas en la Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario”.
Apuntó que los sectores aeronáutico y aeroportuario han resultado ser de los más castigados, por la pandemia, pero también por la pérdida de la Categoría 1 de Seguridad Aérea que implicó dos años de espera y mucho trabajo para poderla recuperar.
El organismo patronal destacó que los planes de inversión de las empresas que obtienen una concesión, como en este caso, se basan en proyecciones de ingresos con base en las tarifas pactadas, por lo que aseguró que afectar las cuotas, lastima las finanzas de las concesionarias y la generación de empleo en el sector, además de traer como consecuencia una inversión menor en infraestructura, mantenimiento y seguridad.
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