Ante el desafío que representa la organización del proceso electoral más grande y complejo de la historia de México, es necesario que la sociedad civil participe en la creación de un contexto de exigencia a las autoridades electorales y partidos políticos a fin de vigilar que se cumpla con la ley, y en su caso, señalar irregularidades que llegasen a presentarse, consideró el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Destacó que en materia de fiscalización el INE se ha acercado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para agilizar el envío de información financiera sobre la detección de actividades riesgosas que descubren los bancos, a fin de que el árbitro electoral pueda actuar con mayor celeridad.
Agregó que el instituto inspecciona y supervisa los recursos a fin de evitar irregularidades, pero insistió en que es necesario que la sociedad civil realice un acompañamiento a las autoridades electorales para supervisar, y si llegase a presentarse el caso de alguna irregularidad, se actúe al respecto. “Podemos acabar cayendo en un escenario que es el peor de todos: la autoridad electoral señalando irregularidades y no pasa nada”, dijo.
Córdova Vianello aseguró que “es necesario que el INE pase a una fiscalización 2.0, que se centra en la lógica de inteligencia financiera, pues ya se puso al descubierto el modelo en riesgo que se enfrenta y ese es el modelo financiero con el que se va a estar operando”.
Mencionó que de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene un capítulo para México, reveló que del 2003 a 2016 el número de empresas fantasma o fachada identificadas pasó de 1,004 a más de 12,300. Ante ello, agregó, es necesario que las organizaciones civiles acompañen al INE en la denuncia de actividades irregulares, las cuales representan un gran riesgo en el proceso electoral que está viviendo el país.
Córdova Vianello se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil, encabezados por Mariclaire Acosta y Jacqueline Peschard, presidenta y ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), respectivamente; Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Verónica Preciado, integrante de la Comisión de Vivienda de Coparmex; María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Lourdes Morales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas; Eduardo Bohórquez, Director General de Transparencia Mexicana; Alfredo González, Director de Programas de Oxfam, entre otros.
