Así como respecto de otros temas he aplaudido las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas ellas al sistema jurídico positivo de nuestro país, e incluso he defendido su autonomía y pedido respeto del Presidente para ella, ahora tengo que manifestarme en contra de la última decisión adoptada en relación con el aborto.
Es un sofisma de muchas mujeres la afirmación de que en tanto que ellas son dueñas de su cuerpo, tienen el derecho a abortar, dando muerte a un ser humano que llevan en su seno. También lo es la afirmación de que negárseles esa posibilidad libremente y sin consecuencias, es un atentado a sus derechos humanos, cuando tal acción es un atentado contra los derechos humanos del niño a quien se pretende dar muerte. De ahí que el amparo otorgado al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) contra los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal, constituya un error jurídico que, por cierto, la Corte insiste en repetir.
A los ministros les ha dado por interpretar, reinterpretar, volver a interpretar y reinterpretar, disposiciones jurídicas según la moda, olvidando la esencia de protección de los derechos humanos, de todos, y en particular de los menores que son injustamente agredidos y aniquilados “al gusto del cliente” de instituciones como GIRE.
El derecho a la vida es el primer y más alto derecho humano, consagrado en los documentos internacionales y en nuestra Constitución, según llegó a reconocer la ex ministra abortista Olga Sánchez Cordero cuando se discutió el tema y, a pesar de ello, votó a favor del aborto, privilegiando a la mujer en un acto a todas luces discriminatorio.
Ya sea personal o grupal el amparo que se otorga respecto del Código Penal Federal, es un atentado contra los principios generales del derecho, se olvida el principio pro persona de los niños al eliminaros cuando son los seres más vulnerables, incapaces de defenderse y sometidos a la pena capital sin proceso jurídico alguno y sin capacidad de defenderse.
La Ley General de los Derechos de los niños y adolescentes, establece la igualdad sustantiva de los niños como “El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. La misma Ley clasifica como niños y niñas a los menores de 12 años, sin que indique desde qué edad se es niño, según la ley, porque lo es desde el momento de la concepción.
De nada sirvieron las audiencias que se realizaron en su momento y en las cuales insignes médicos demostraron que desde el momento de la unión de un óvulo y un espermatozoide se está ante un ser humano en un proceso de desarrollo continuo, independientemente de la morfología de cada momento del proceso y de los nombres que se den a las distintas etapas. Fijar un tiempo como límite de la posibilidad de abortar es tan absurdo como negar lo que la genética demuestra como evidencia respecto de las características de un ser humano que es único e irrepetible. Fue una lástima ver que entonces algunos médicos y luego se sumaran algunos ministros, declararan que no se podía identificar cuándo empieza la vida humana.
Contrasta la decisión de la Corte con las corrientes que, por ejemplo, ahora abogan por los derechos de los animales, afirmando sin comprobar, que estos son racionales. Pero las consecuencias de tales opiniones han llevado a crear tipos penales aplicables a quienes maltraten a los niños o a que se generen políticas públicas para proteger, desde sus huevos, a especies en peligro de extinción, con un claro desconocimiento de lo que ahí se encuentra es una célula reproductiva del animal en cuestión. Tal parece que, para ellos, los animales tienen más valor que los humanos.
Lo más grave, es que ahora se pretende que un amparo de esta naturaleza implique que los congresos de los estados tengan que asumir figuras que están sacadas de la manga por los ministros, cuyas consideraciones claras sabremos hasta que se elabore el engrose de la sentencia de la sala que otorgó el dicho amparo.
Resulta inevitable señalar que los ministros que aprueban el aborto se convierten en responsables solidarios de cada una de las muertes que se hagan bajo el amparo de dicha disposición.
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