La transparencia, la gobernanza, el fortalecimiento y capacitación de los funcionarios de organismos participantes en el sector eléctrico son fundamentales para contar con instituciones con Estado de derecho, así como para generar confianza y certidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros, aseguraron expertos del ramo durante el foro virtual “Luz limpia para todos los mexicanos”, organizado por la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Julia González Romero, consejera en González Calvillo y Voz Experta, abordó el panorama actual de la Reforma de 2021 a las leyes en materia de energía, y adelantó que luego de que los jueces ya emitieron sentencias respecto de los amparos interpuestos por particulares por la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se espera que en septiembre o en octubre, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise estas decisiones y resuelva antes de noviembre próximo.
En tanto, Mario DePillis, exdirector del Monitor Independiente del Mercado (MIM) y asesor Admonitor, sostuvo que pilares del Estado de derecho como la gobernanza, un presupuesto estable y adecuado, además de una supervisión y vigilancia, hacen que instituciones clave como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el MIM operen de manera independiente, situación que abona a la transparencia y genera confianza en el país.
En ese sentido, Guillermo García, profesor del ITAM y exdirector de la CRE, disertó acerca de la importancia de ponderar en el análisis, los aspectos nacionales e internacionales del Estado de derecho, esto, debido a que México tiene suscritos por lo menos 46 tratados de libre comercio que agrupan a varias naciones y en los que se contempla dar “el trato que mejor te da otro tratado”.
Por lo que hace a las modificaciones al despacho de energía, Angélica Soto, directora de NX Buena Energía, subrayó que más allá de la importancia que tienen los aspectos legales y de seguridad jurídica en materia de energía, que dan entrada y garantizan las inversiones, es fundamental no perder de vista el objetivo de beneficiar a los consumidores finales.
En el análisis también se incluyeron cuestionamientos sobre cómo garantizar las inversiones realizadas por empresarios nacionales y extranjeros en el sector eléctrico, la importancia de reactivar el MIM y las subastas de mediano y largo plazo realizadas por el CENACE, además de la transparencia en los procesos de licitación de la asignación de estas.
En ese sentido, los expertos coincidieron en que para proteger las inversiones, es necesario fortalecer la gobernanza de la CRE y el ejercicio de regulación a partir de otorgar presupuestos adecuados, enfocados a la formación del capital humano; agilizar la operación de trámites que actualmente pueden tomar hasta dos años, lo que significa una negativa a particulares, únicamente por el simple paso del tiempo.
En cuanto a la reactivación del MIM para dar certeza a la libre competencia económica en el sector y la transparencia en los procesos de publicación de nuevos reglamentos y manuales, argumentaron que “la transparencia es siempre el mejor instrumento”, debido a que para la industria cada vez es más importante conocer los insumos y como consumidores “tenemos derecho a saber de dónde viene nuestra energía” y más aún, saber si esta cumple con aspectos ambientales. Advirtieron que la falta de transparencia en los mercados los hace más complejos y subrayaron que los “datos son importantes para la estabilidad del sector”.
Por último, en cuanto a la transparencia en los procesos de licitación en las subastas de mediano y largo plazo, aunque los analistas coincidieron en su mayoría en la importancia de este mecanismo para la penetración de las energías renovables, existió una discrepancia respecto a su reactivación, pues mientras Angie Soto sostuvo que hoy en día no son indispensables, Mario DePillis argumentó que “lo importante para los inversionistas sería el Estado de derecho. Si es necesario y obligatorio tener la subasta, que se cumpla con la ley. Esto es importante”.
A este respecto, Julia González Romero coincidió en que fueron un instrumento útil del cual no se ha visto el impacto en el precio porque no todos los proyectos que ganaron están en operación “A las subastas no se les dio suficiente prueba para ver si eran un acierto o un error”, afirmación con la que coincidió Guillermo I. García Alcocer, quien agregó “hay todavía espacio para que estos proyectos puedan demostrar su valía”.
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