Por más que desde el gobierno federal continúen con la retórica simplista del “pueblo bueno”, la realidad es muy diferente y más compleja de lo que nuestras autoridades parecen reconocer.
Uno de los principios básicos que nos enseñaban nuestros padres era que cuando uno decide hacer algo indebido debe asumir todas las consecuencias, grandes, pequeñas, justas o exageradas.
La reflexión viene a cuento cuando vemos a través de las redes sociales y medios de comunicación las impactantes imágenes de cientos de personas en la comunidad de Tlahuelilpan víctimas de una explosión con las trágicas consecuencias que bien pudieron evitarse.
Y es que por más que desde el gobierno federal continúen con la retórica simplista del “pueblo bueno” que no se equivoca, que actúa sólo con base en principios y que si comete ilícitos lo hace orillado por las circunstancias de pobreza o miseria en que los dejó “la mafia del poder”, la realidad es muy diferente y más compleja de lo que nuestras autoridades parecen reconocer.
Ver los rostros y actitudes previas a la explosión, la cantidad de camionetas en las que llegaban cientos de personas de comunidades vecinas a llenar sus bidones con gasolina, los cuerpos empapados del combustible y con ansia de recolectar lo más posible, la actitud retadora e insultos ante los militares que una y otra vez los exhortaban a retirarse del lugar por su propia seguridad.
Y en no todos los rostros se veía la pobreza reflejada, antes bien era el oportunismo y la impunidad que brinda la masificación de un ilícito.
Ahora bien, basta una ligera búsqueda en internet para encontrar casos similares, aunque sin un desenlace tan aparatoso: volcaduras de tráilers donde la rapiña de los pobladores se hace presente llevándose productos, azúcar, ganado… incluso destazando ahí mismo a los animales ante la sorprendente pasividad de las autoridades.
Y no, no en todos los rostros se ve la pobreza reflejada.
Como sociedad estamos fallando cuando no reconocemos el acto ilícito y buscamos justificación para este tipo de acciones que deben mover a vergüenza. Algo muy grave debe estar pasando a nivel gubernamental cuando se recurren a verdaderas maromas retóricas para justificar lo injustificable con tal de no responsabilizar al “pueblo bueno”.
Quizá haya sido mal planteada por el presidente Obrador la intención de una constitución moral para nuestro país, pero es un hecho que nuestra sociedad requiere de una renovación moral, un volver a los principios cívicos y éticos tan necesarios en comunidad.
Está claro que dicha renovación no se dará por imposición gubernamental ni de arriba hacia abajo, pero sí debemos comenzar a dar los pasos necesarios como sociedad responsable para comenzar ese cambio.
En tanto no asumamos nuestra responsabilidad social con todo y sus consecuencias, y reconozcamos que no toda tragedia es culpa del gobierno (como curiosamente durante muchos años insistió nuestro actual gobierno y que ahora niega) casos como en el Tlahuelilpan serán una constante.
Cuando López Obrador propuso la Cartilla Moral de Alfonso Reyes como base para su constitución moral, la opinión pública en general lo criticó duramente. Quizá valdría mucho la pena que hiciéramos una lectura profunda de dicho texto, sin apasionamientos e ideologizaciones… Más allá de interés político del presidente podría sernos de gran ayuda.
Te puede interesar: A 20 años del chavismo en Venezuela
