Diputados federales de Morena presentaron una demanda de juicio político en contra de Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusan de violar sistemáticamente el artículo 127 constitucional que habla sobre la “remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”, así como por usurpación de funciones que corresponden al legislativo.
Desde la perspectiva de los legisladores morenistas, los ministros debieran recibir una remuneración por sus servicios menor a la del Ejecutivo con base en el criterio de la llamada “austeridad republicana”.
El legislador Manuel Alejandro Robles Gómez, precursor de la denuncia en la que se señala a los integrantes de la SCJN de ganar más que el Presidente de la República, dijo que los ministros “han abusado de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues no sólo es obligación del Ejecutivo, aquí también en el Legislativo nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto”, recriminó.
Señaló que el tema de los sueldos es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema tan importante, “porque se benefician a sí mismos; ellos deberían poner el ejemplo”.
Apuntó que esta demanda de juicio político “no es un capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”.
Por otra parte, María Clemente García Moreno advirtió la usurpación de funciones de los ministros de la SCJN al rebatir decisiones del Congreso; esto dijo, ha violentado al país, y por ello esta iniciativa.
Agregó que “la constante intervención de los ministros del Poder Judicial en el ámbito Ejecutivo y Legislativo ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana y representativa que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la cuarta transformación”.
No prosperará la denuncia
José Ramón Cossío Díaz, exministro de la SCJN, previó que la denuncia de los legisladores morenistas en contra de los magistrados no prosperará.
Explicó que el Congreso de la Unión deberá valorar lo contenido en el artículo 7° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual puntualiza los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y por los que se procederá un juicio político.
Además, este apartado resalta que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas“. Ante ello, Cossío Díaz afirmó que “desde ahora puede pronosticarse su evidente improcedencia”.
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