De 260 instituciones federales, en 184, que representa el 71 por ciento, se presentó el riesgo de corrupción en las compras públicas, fenómeno que tan sólo disminuyó en tan sólo 76 compañías, que equivale al 28 por ciento, este resultado se debió principalmente a un menor nivel de competencia en los procesos, la falta de publicación de documentos contractuales y el registro tardío de las compras en Compranet, reveló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023.
Con el fin de identificar prácticas de riesgo de corrupción en las compras de la Administración Pública Federal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó su nueva edición del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta que ayuda a identificar, prevenir y reducir la corrupción en los procesos de compra.
Según el estudio, en 2022 las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa nueve por ciento del presupuesto programable ejercido ese año. En este sentido, señaló que siete de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021.
Entre los hallazgos que reveló la investigación se destaca que en el gobierno federal, persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley.
El documento explica que las principales prácticas de riesgo en las compras públicas del gobierno federal durante 2022 fueron principalmente cuatro: falta de competencia; falta de transparencia; incumplimiento de la ley, y proveedores en riesgo.
En cuanto a la falta de competencia, explicó que desde 2019 la misma disminuyó en las compras públicas. En particular, 38 por ciento del monto gastado en compras públicas en 2022 se adjudicó directamente y 25 por ciento de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos.
Con respecto a la falta de transparencia, señaló que más de 13 mil adjudicaciones directas (16 por ciento) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30 por ciento) estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos. Asimismo, cuatro por ciento de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.
En lo que corresponde al incumplimiento de la ley, 45 por ciento de las compras públicas de 2022 fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato. De hecho, nueve por ciento se cargaron en la plataforma entre uno y dos meses después de haber iniciado.
Mientras que en el caso de proveedores de riesgo, el documento del Imco señala que en 2022 las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Además, 32 por ciento de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64 por ciento se destinó a servicios de vigilancia.
El análisis del Imco reveló que la institución con mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) la cual llevó a cabo el 99 por ciento de sus compras públicas a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
La institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz. Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el Índice de Riesgos de Corrupción, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En contraste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la institución con menor puntaje de riesgo, el cual se explica por la publicación en tiempo y forma de sus procesos de contratación en la plataforma Compranet.
Por otra parte, destaca que las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas, toda vez que 74 por ciento del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.
Reveló que Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), también se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras.
A fin de que las instituciones gubernamentales mejorar en este rubro el Imco hizo una serie de recomendaciones:
Fortalecer los procesos de compra consolidada de medicamentos e insumos farmacéuticos en el sector salud, particularmente en el nuevo IMSS Bienestar, para que la planeación se base en estimaciones de la demanda y esquemas que prioricen la competencia entre proveedores.
Reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de la Función Pública para que cumpla la función de proporcionar información útil y oportuna a las instituciones contratantes.
Modificar a través de una reforma legislativa la disposición que permite a las instituciones realizar adjudicaciones directas cuando se trate de bienes y servicios destinados a la comercialización directa.
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