Con aquello de que “no me digan que la ley es la ley”, ahora cualquier cosa puede ocurrir. No sólo porque el presidente desacate un amparo impidiendo a Xóchitl Gálvez ingresar a Palacio Nacional para desmentir, como lo ha reiterado, que no votó en contra de los apoyos sociales, sino porque éste es un mal ejemplo que empieza a cundir en otros ámbitos.
El INE, o al menos su Comisión de Quejas, ha dado un paso en falso a propósito de las evidentes campañas preelectorales de las “corcholatas” del presidente, de entre quienes saldrá el candidato de Morena a la Presidencia de la República.
Funcionarios del propio INE investigaron los actos de los morenistas y señalaron las violaciones que se hacen a la Ley con actos anticipados de campaña. Se trató de una investigación técnica puesta a discusión en la Comisión de Quejas, en la cual, por cierto, la única que votó a favor de que se calificara como actos de precampaña lo que hacen las “corcholatas” y que se les ordenara suspender dichas actividades, fue la presidente la Comisión, Claudia Zavala.
Con esta resolución, se abre la puerta para que, a su vez, la oposición y quienes también buscan ya obtener la candidatura a la Presidencia, también incurran en actos violatorios de la Ley, con lo cual se “empataría” dicha actitud, pero con la complicidad de quienes en primera instancia deberían poner freno a cualquier acto anticipado de campaña. Tal parece que se estaría dando permiso a los partidos de violar la ley.
Estas fórmulas elegidas por los partidos para encontrar a sus candidatos, han sido criticadas, incluso, por quienes habían levantado la mano para aspirar a ser uno de ellos, como Lily Téllez y Claudia Ruiz Massieu. Eso además de quienes consideran que podría no haber piso parejo por el manejo de recursos.
Esta actuación de la Comisión de Quejas y del propio INE ya ha sido criticada por Lorenzo Córdoba, expresidente del organismo y que liderara a esa institución buscando que los procesos electorales fueran apegados a la Ley. Por lo tanto, su opinión debe ser tomada en cuenta precisamente para evitar que lo que hoy ocurre pueda tener consecuencias al inicio o durante el proceso electoral.
Recordemos que el INE no es la última instancia, sino que existe un Tribunal electoral cuyas decisiones, por cierto, son inapelables. El riesgo de judicializar desde ahora la elección y de que quien resulte candidato sea descalificado por violar la ley, aunque el INE se haya quedado callado, es algo que generaría conflictos de trascendencia que es necesario evitar.
La ley es la ley, y hay que acatarla o ampararse, pero si quien nos va a gobernar quiere empezar con el pie derecho, tiene que respetar el estado de derecho, que suele ser el gran ausente en la vida del Estado Mexicano.
Es urgente que el INE clarifique, no porque no lo diga la ley, sino ante la situación concreta de lo que se está viviendo, qué es posible y qué no, para delimitar el camino por el cual habrá de transitar el proceso y quienes lo recorrerán en sus distintas etapas. Esto es necesario para que el resultado arroje certeza al final del mismo.
E independientemente de lo que haga o deje de hacer el INE, es importante, también, que los propios aspirantes analicen lo que es posible y cómo hacerlo, para evitar ser descalificados, como ya ha ocurrido en otras elecciones.
Hoy se camina en la cuerda floja.
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