Por cuarto año consecutivo, México descendió en el ranking del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023 (CCC, por sus siglas en inglés)y se ubicó en el lugar 12 de 15 países de América Latina que se evalúan.
En la quinta edición de esta medición, elaborada conjuntamente por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, se observa que México cayó cuatro por ciento en el ranking, a pesar de ello se mantuvo en el lugar 12 que ocupó desde el año pasado.
Esta medición evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, para lo que se analizan tres categorías: Capacidad Legal, Democracia e Instituciones Políticas Sociedad Civil y Medios de Comunicación.
Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de ver a los actores corruptos procesados y castigados.
En el caso de México, el descenso más pronunciado se produjo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, ya que los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia que es la más alta del mundo fuera de Ucrania.
En este caso, el reporte enfatiza que el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió criticando duramente a periodistas y miembros de la sociedad civil, y surgieron nuevas acusaciones sobre el uso del software espía Pegasus en contra de periodistas, activistas y el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas.
En lo que respecta a la categoría de capacidad legal, el análisis indica que México está por debajo del promedio regional toda vez que retrocedió interanualmente 14 por ciento en la variable que evalúa a los organismos anticorrupción.
En este sentido, destaca que el presidente ha seguido criticando a organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), este último, recordó que desde abril de este año carece del quórum necesario para operar debido a que el titular del Ejecutivo vetó a los comisionados que había nombrado el Senado.
Por otra parte, resalta que en el cuarto mes del presente año, el Senado aprobó un proyecto de ley que otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la supervisión de las adquisiciones y el gasto público, lo que puede afectar a la rendición de cuentas en las compras públicas.
Asimismo, el informe resalta que las deficiencias institucionales del país en la lucha contra la corrupción siguen obstaculizando la resolución de casos en esta materia.
Por otro lado, observa que a pesar de que hubo un incremento en el presupuesto para las instituciones anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para 2023, el programa sigue enfrentando desafíos de implementación. Enfatiza que el presidente del país se mantiene crítico de este mecanismo e introdujo una iniciativa para eliminar su Secretaría Ejecutiva.
Asimismo, hace mención, de manera somera, que las autoridades investigan un caso relacionado con el presunto desfalco de cientos de millones de dólares de la agencia mexicana para la seguridad alimentaria (Segalmex) entre 2019 y 2021.
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