Cada hora al menos una persona es víctima de extorsión en México, delito que en los que lleva el actual gobierno se ha disparado 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior, reveló José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ante esta situación, Medina Mora urgió a los diputados a dictaminar la Propuesta de Reforma Constitucional al inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, a fin de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General de Extorsión en la que se homologue este delito y las sanciones en todo el territorio nacional.
Al dar a conocer los resultados correspondientes a abril de 2023 del “Monitor de Seguridad” que elabora el organismo empresarial, se observó que la mayor cantidad de carpetas de investigación de extorsión para un periodo similar de 53 meses en las últimas cuatro administraciones, nunca había crecido tanto como en la actual.
En este sentido, se señala que en poco más de cuatro años del gobierno de Vicente Fox, las extorsiones alcanzaban un cifra de ocho mil 381, con Felipe Caderón se colocaron en 22 mil 84, con Enrique Peña se incrementaron a 28, 362 y con Andrés Manuel López se dispararon a 41 mil 873.
Por su parte, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, dijo que la extorsión tiene una cifra negra de 96.1 por ciento, lo que quiere decir que, de cada 100 casos, 96 no son denunciados por lo que prácticamente todos quedan impunes. Y más aún, quiere decir que las víctimas de extorsión son muchas más que las que reflejan las cifras oficiales.
Otro de los hallazgos del análisis, indican que en 11 entidades aumentaron las víctimas de extorsión con respecto al mismo periodo del año anterior. Los estados donde más se agravó este problema fueron Michoacán, Baja California Sur y Ciudad de México.
Actualmente donde más se comete este delito son el Estado de México (22.7), Baja California Sur (20.6), Colima (15.4), Guanajuato (14.1) y Nuevo León (12.6). En contraste, donde menos se registra es en Tlaxcala (0,0), Chihuahua (0.1), Chiapas (0.2), Yucatán (0.4) y Sinaloa y Coahuila con (0.9).
El análisis menciona que según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la cifra negra durante 2021 del delito de extorsión fue de 96.1 por ciento.
Esta misma encesta estima que durante 2021 el costo de los delitos para las empresas fue de 120.2 mil millones de pesos (equivalente a 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En lo que respecta a los socios de la Coparmex el 72 por ciento fue víctima de extorsión telefónica y 28 por ciento de cobro de piso.
José Medina Mora señaló que la extorsión es un delito que debe atenderse y prevenirse para evitar que se normalice, para lo cual es necesario hablar del tema para visibilizarlo, además de alzar la voz para exigir que éste mal se combata desde la raíz de forma integral.
“Hay que darle un rostro humano al combate a la inseguridad, no se trata solo de tener más policías o militares en funciones de seguridad, se trata de generar oportunidades para que los jóvenes en lugar de incorporarse a las filas del crimen organizado se sumen a las filas de empleos formales o del emprendimiento”, subrayó el presidente de Coparmex.
Apuntó que ante el incremento de la delincuencia en el país, el 64 por ciento de las empresas han aumentado el gasto en medidas de seguridad, invirtiendo recursos que en lugar de destinarse a cámaras de vigilancia o medidas preventivas deberían estar dedicadas a desarrollar nuevos productos, expandir los negocios, contratar más personas o a la compra de insumos para poder producir más”.
El dirigente empresarial se dijo preocupado del crecimiento en el número de delitos lo que está aumentando de la mano del nivel de violencia y de la descomposición social.
En tanto, Jorge Peñúñuri, se refirió a la iniciativa legislativa que se elaboró de manera coordinada con diversos organismos del sector empresarial, legisladores y abogados penalistas y constitucionalistas.
Apuntó que con esta legislación se pretende facultar al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de extorsión y con ello se puedan elevar las penas a los infractores buscando que la sanción mínima sea de 10 a 20 años y dependiendo de las agravantes, suba de 20 a 40 años y la máxima sea de 70 años.
Asimismo, recomendó a la ciudadanía para prevenir cualquier delito, pero además recalcó la importancia de las denuncias, pues es a partir de las mismas que los delitos pueden perseguirse.
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