Durante los últimos años han aumentado considerablemente las denuncias por bandas de extorsionadores dedicadas a provocar incidentes de tránsito y exigir pagos exorbitantes a los automovilistas que circulan por las ciudades del país, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Montachoques, amenazas y extorsiones para la movilidad en México”, elaborada por el investigador del IBD, Juan Pablo Aguirre Quezada, explica que en la actualidad, estas actividades se encuentran tipificadas penalmente como extorsión, daños, golpes, amenazas, afectaciones patrimoniales, lesiones, entre otros, aunque también apunta que los montachoques podrían ser considerados como conductas del crimen organizado, debido a la cantidad de personas que participan en estos ilícitos.
Los montachoques son personas que buscan provocar un accidente vial a fin de exigir un pago por el incidente, ya sea por amenazas o chantajes, conducta que no está tipificada con esa denominación en el Código Penal Federal o en el de las entidades federativas, pero sí es considerada como acto de extorsión, agresión, lesiones, daños, fraudes y amenazas, entre otros, destaca el análisis.
Por lo que un reto de las instituciones de justicia y seguridad pública es salvaguardar a las víctimas de este delito, así como sancionar a los culpables. Debido a estos problemas, en la Cámara de Diputados, en el Senado, así como en los Congresos locales se han realizado propuestas para tipificar y castigar con mayor rigor estas actitudes.
Por otro lado, el documento señala que en la LXV legislatura se han presentado dos iniciativas en el Congreso de la Unión que buscan sancionar de forma específica a los llamados “montachoques”. Ambas iniciativas están pendientes de discusión y dictaminación en comisiones.
Debido a que las conductas ilícitas realizadas por las personas conocidas como montachoques son del fuero común o realizadas en zonas urbanas, existen diferentes iniciativas en los Congresos de entidades federativas como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o Puebla, a fin de fortalecer sus Códigos Penales para afrontar estos delitos.
El estudio menciona que algunas entidades federativas como la Ciudad de México ya han tipificado estas conductas en sus Códigos Penales, por lo que el reto de las fuerzas de seguridad pública es llevar a las personas acusadas ante la justicia.
Con respecto a que si estas conductas deben ser consideradas como vandalismo o delincuencia organizada, el reporte destaca que esto depende de la concepción de la asociación en los Códigos Penales de cada entidad federativa, pero señala que el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) dice que “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.
En este sentido, indica que las conductas delictivas causadas por los montachoques pueden ser tipificadas por los juzgadores como de delincuencia organizada, recalca el informe.
El estudio incluye algunas recomendaciones en caso de ser víctima de estas bandas como conservar la calma; contar con seguro por daños a terceros; no descender del vehículo; hablar a los números de emergencia en seguridad pública para reportar cualquier anomalía y cuidar los objetos personales.
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