Como un día histórico en el que se demostró la efectiva separación de poderes, calificó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la determinación con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la primera parte del “plan B”.
El organismo empresarial afirmó que de esta manera se privilegió el orden constitucional frente a las presiones de índole política, además con la decisión de la mayoría del pleno de la SCJN los ministros impidieron la transgresión a la Constitución garantizando elecciones libres y democráticas.
La Coparmex reiteró su confianza en el Máximo Tribunal y en su trascendental rol en la defensa y respeto al Estado de Derecho, y señaló que “con su actuación independiente y apegada a la ley ganaron todos los mexicanos”.
Resaltó que al invalidarse la modificación de las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que había aprobado el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, se preserva el orden democrático y el Estado de derecho.
Asimismo, destacó que la Corte defendió los derechos de los ciudadanos para que toda reforma legal cumpla con el debido proceso legislativo. “En democracia las mayorías no pueden atropellar ni a la ley ni a las minorías”.
El sindicato patronal reiteró que no sólo las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas que fueron invalidadas, sino todo el plan B no vela por el respeto a los derechos político-electorales de los mexicanos, por lo que confió en que la SCJN mantenga su postura firme de impedir que se transgreda la Constitución.
El organismo empresarial recordó que en uno de los dos amicus curiae que elaboró y presentó con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), como un aporte de la sociedad civil a la deliberación del Máximo Tribunal, se señaló que en la aprobación de las modificaciones que integran la primera parte del plan B, no se garantizó el adecuado proceso legislativo que se establece en los artículos 71 y 72 de la Carta Magna, lo mismo que marcó la determinación de la Corte.
La Coparmex consideró que la resolución de los ministros se dio en un marco de estricto apego a la Constitución, al invalidar en su totalidad el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre de 2022.
Añadió que dicho decreto vulneraba el proceso legislativo respecto al derecho de deliberar y discutir las iniciativas de ley, como derecho de participación política, ya que no había fundamento alguno para que el proyecto se tramitara como “de urgente y obvia resolución”, ni para dispensar los trámites formales, necesarios para una adecuada discusión y aprobación de reformas, sobre todo por la trascendencia social de las que estaban a discusión.
La Coparmex dijo que seguirá sumando colaboraciones para aportar al diálogo y al desarrollo democrático y plural del país. “Queremos que todas las voces sean escuchadas y México crezca a partir de la deliberación respetuosa y la búsqueda de objetivos comunes”, subrayó.
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