Las mujeres, son víctimas de salarios bajos, despidos injustificados por embarazo o cuestiones de maternidad, cada vez los feminicidios van más a la alza, entre muchas otras violaciones; “sin embargo, todas estas injusticias se agravan en contra de mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas”, arrojó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por Diana García.
Según el informe, en México hay 3.2 millones de mexicanas con alguna discapacidad y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, destacó que 72.6 por ciento de las mexicanas con discapacidad mayores de 15 años han sido víctimas de violencia alguna vez en sus vidas, las mujeres sin discapacidad que han vivido violencia son 66.7 por ciento.
Entre las violencias más comunes que indican haber vivido las mujeres con discapacidad, esta 58.2 por ciento había sufrido violencia psicológica; 44.6 por ciento, violencia física; 48.7 por ciento, violencia sexual; y, 34.9 por ciento, violencia económica o patrimonial. García, explicó que esos datos “demuestran que la violencia es desafortunadamente muy común en la vida de las niñas y mujeres con discapacidad”.
Por otra parte, Diana García, explicó que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las infancias con discapacidad son tres veces más propensas a ser víctimas de violencia sexual. “Lamentablemente, las niñas y mujeres con discapacidad se encuentran constantemente en riesgo de ser víctimas de violencia sexual en todos los ámbitos: familiar, comunitario o institucional”, indicó.
García, explicó que en vez de que se establezcan mecanismos para evitar y sancionar la violencia contra mujeres con discapacidad, ha sucedido todo lo contrario, pues tanto tutores y médicos han optado por “la esterilización y anticoncepción forzada en contra de mujeres y niñas con discapacidad como una medida para protegerlas y que, en caso de que sean víctimas de una violación, no puedan quedar embarazadas”.
“Cuando estos casos son llevados ante el sistema de justicia, este sistema simplemente las revictimiza y vulnera sus derechos humanos”, destacó el informe publicado en MCCI y expuso el caso de Leti, quien tiene discapacidad intelectual, es originaria de Yucatán y a quien se le violaron sus derechos humanos en multiples ocasiones mientras intentaba denunciar una violación.
En 2014, Leti inició un proceso penal contra su violador, pero el juez determinó en múltiples ocasiones que Leti no tenía las facultades mentales para saber qué estaba bien o mal, y no tenía autonomía ni voluntad, por lo que ella misma permitió que se consumara la violación de la que fue víctima. “Muestra de un sistema de justicia basado en prácticas estigmatizantes y discriminatorias”.
“Los poderes judiciales, es decir, los órganos que tienen encargada la tarea de impartir justicia, no están capacitados en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad”, comentó la experta y señaló que, es urgente que el sistema de justicia tome con seriedad su labor con personas con discapacidad y, en especial, con las mujeres y niñas.
Finalmente, Diana García quien participa en MCCI, aseguró que se debe consultar a personas con discapacidad, toda vez que se lleve a cabo acciones de política pública o cambios legales, pues es “imprescindible que las autoridades escuchen los deseos y necesidades de las personas con discapacidad”. Artículo completo aquí.
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