El proceso legislativo (la creación o modificación de una ley o de un código) pasa por varias etapas a fin de garantizar una mayor reflexión. Eso no sucedió con la iniciativa de la Ley Minera que fue un despropósito con complicidades empresariales y políticas. Los legisladores de Morena utilizaron abusiva e ilegalmente una figura parlamentaria que se conoce como “dispensa de trámite” para evitar llevar a cabo todos los debates. Y no sólo eso, sino que, además, se aprobó una ¡iniciativa distinta a la presentada! Ahora está en el Senado.
Peor aún, parece que quieren hacer lo mismo con la iniciativa que corresponde a la Administración Pública y algo más. A este paquete de reformas a 23 leyes deberíamos llamarle el paquete de la intervención, abuso del poder y el fomento a la mediocridad de la Administración Pública.
Dice la iniciativa que las reformas “fortalecen la rectoría del Estado”. No es así, lo que fortalecen es la intervención del Estado. La propia Exposición de Motivos empieza con algunos párrafos interesantes hasta que surge “el verdadero yo del gobierno” y confiesa las intenciones de un presidente a quien le da mucho coraje que existan mexicanos a quienes les vaya bien en la vida y que no sean sus amigos o no suscriban su ideología; además de que no quiere pagar indemnizaciones, no le gustan los juicios ni que los ciudadanos reclamen su derecho cuando el gobierno no les cumple un contrato. Por si fuera poco, quiere nombrar funcionarios de organismos y también designar proveedores y asignar contratos sin contrapesos, lo cual resulta en perjuicio del próximo presidente, sea éste del partido que sea. Para eso se servirá de juicios de lesividad, procedimientos de nulidad, cláusulas exorbitantes y obligatorias, designaciones a modo, prohibición a las actividades lícitas posteriores a la función pública, así como remuneraciones e indemnizaciones limitadas.
Asómese al capitulazo de “Indemnizaciones” que inicia ¿adivine con qué? Acertó: ¡culpando al pasado!, argumentando que “heredó procedimientos judiciales promovidos tanto en instancias mexicanas como extranjeras” (nótese que no emplea la palabra internacionales) en las que se reclama el cumplimiento de las obligaciones del gobierno. Este documento del Poder Ejecutivo declara como ilegales y desproporcionadas las reclamaciones. Así es que, con esta iniciativa, el gobierno manda decir que no está dispuesto a generar certeza en la palabra del Estado Mexicano.
¿Se acuerdan del decretazo de noviembre de 2022? En aquel momento el presidente pedía que sus obras fueran declaradas de seguridad nacional y que se debería conceder a éstas todos los permisos. El decreto fue declarado inconstitucional. Hoy repite la misma idea en la nueva iniciativa, pero le llama “Principio de la confianza administrativa”. Así lo confiesa en la Exposición de Motivos: “La presente iniciativa propone incorporar el principio de la confianza en el sector público para llevar a cabo obras y servicios, dado que el interés público debe prevalecer para garantizar la eficacia de la función pública. El Estado no puede estar sometido a los mismos trámites que las actividades privadas… En consecuencia, la presente iniciativa pretende adicionar el artículo 18 Bis de la Ley de Obras Públicas para establecer que los proyectos de infraestructura prioritarios, de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país, así como la defensa y la seguridad nacionales puedan realizarse de manera ágil e inmediata.”
Morena y su gobierno culpan al pasado, pero en ese pasado hay ya cuatro años de irresponsabilidad del propio Morena; empiezan a ser ese pasado inmediato que es el peor de los pasados que nuestro país ha tenido en los últimos treinta años.
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