El pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular con 481 votos a favor, el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar procedimientos a nivel nacional que faciliten la resolución de conflictos entre particulares, adopciones, divorcios o juicios intestamentarios, entre otros, priorizando la oralidad y el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos.
El documento que se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales integra un modelo en el que se impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, a fin de unificar los criterios y bases normativas para naturalizar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos.
El dictamen precisa que el sistema de impartición de justicia en materias civil y familiar será adversarial (confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes), democrático y oral; contempla y regula las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medioambiente.
Considera que todos los procedimientos judiciales y los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia, presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.
Menciona que la finalidad es la transición de una diversidad de legislaciones procesales hacia la instauración de un modelo único, prioriza la resolución del fondo del conflicto por encima de las formalidades procesales, contempla el enfoque social y aprovecha las herramientas tecnológicas como medio para mejorar la accesibilidad a la justicia.
Además, señala que el uso auxiliar de la justicia alternativa permitirá reducir la saturación de los sistemas de impartición de justicia en el ámbito local y cumplir con el deber estatal de resolver las controversias que se originen entre los particulares.
En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), señaló que este es el avance jurídico legislativo más importante de los últimos años; el nuevo Código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero esta es de mucho mayor calado.
Indicó que se habla en el país de acerca de un millón 500 mil litigios; de esa cifra, el 64 por ciento es de la materia civil y familiar. “Estamos de problemas cotidianos y de todos los días. Lo que estamos aprobando son las nuevas reglas de los juicios y las implicaciones que esto tiene en la sociedad. No podemos hablar de gobernabilidad y armonía social, si no hablamos de justicia”, apuntó.
Consideró que este Código puede convertirse en un verdadero instrumento de pacificación social, al mismo tiempo que señaló que avanzamos en una lucha histórica a favor de las mujeres. Con él se puede dar en meses un proceso de adopción; agrega el concepto de juicios sumarios orales, para que los consejos de la Judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral, y avanza de la parte escrita a la totalidad de la oralidad de los juicios, a la digitalización de los juicios. En este nuevo Código se logra la agilización.
Dijo que este proceso no acaba aquí, pues para que el Código entre en vigencia pasarán cuatro años de vacatio legis (período que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor). “Yo los exhorto a que este producto ya terminado se pueda socializar en los estados, en las legislaturas, con los tribunales superiores de justicia, a fin garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos y, sobre todo, de quien más lo necesita”, añadió.
Por otra parte, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) enfatizó que este Código es “sin duda alguna, es un parteaguas a nivel nacional en la aplicación de justicia cotidiana”. Aseguró que “damos un cuerpo normativo que esperamos trascienda en tiempo, pero sobre todo que nos acerque a la pacificación social y al ideal de justicia pronta y expedita para todas y todos los ciudadanos. Es una gran aportación de esta Legislatura”.
En tanto la diputada del PAN, Lizbeth Mata Lozano, expresó que se está ante un momento histórico, al legislar la justicia cotidiana y la impartición de justicia, el mecanismo más útil para resolver cualquier conflicto ante los individuos.
Mencionó que en México, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi 2019, más de 65 por ciento de los asuntos ingresados en primera instancia fueron en esta materia (27 por ciento civil y 39 por ciento familiar).
Por ello, afirmó, es necesario actualizar la legislación, creando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “documento que ha sido posible aterrizarlo por el trabajo de la sociedad civil, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y diversos colectivos; es una iniciativa de la sociedad y para la sociedad y representa una justicia que requieren todos los ciudadanos en lo cotidiano y en el día a día”.
En su turno, Sonia Mendoza Díaz, diputada del PVEM, destacó que algunos de los objetivos más importantes de este Código es que “viene a solucionar de fondo los juicios y revalora el principio constitucional que establece el deber de los tribunales de administrar justicia pronta, rápida que solucione el conflicto a los ciudadanos”.
Argumentó que la expedición del Código facilitará el desarrollo de procedimientos en materia civil y familiar y se incorporan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, igualdad, contradicción y continuidad.
Se garantiza que las personas juzgadoras y servidores públicos y operadores del sistema de justicia otorguen un trato adecuado a las personas en condición de vulnerabilidad.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) afirmó que el Código Nacional tiene varios beneficios. Comentó que la justicia digital permite facilitar y agilizar los procedimientos, también, establece los principios de elegibilidad, equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y seguridad en la información.
“Lo que importa aquí es que la deliberación gana, la escucha gana, la razón gana, y este es un triunfo de la gente que busca construir un país mejor y por eso se logran estos buenos resultados. Resolver lo cotidiano es un paso enorme para conseguir la paz en el país”, apuntó.
En tanto, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) aseguró que el dictamen “representa un clamor de la ciudadanía en el mejoramiento del acceso a la justicia en la denominada justicia cotidiana”, la cual con este nuevo Código tendrá una visión con perspectiva de género y apego total a los derechos humanos. “Hoy damos un gran avance en la defensa de los derechos humanos y atendemos los reclamos de las mujeres que han sido invisibilizados”.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) consideró que sin duda el Código traerá, después de más de 80 años de vigencia, la oportunidad de tener una sola codificación para las entidades federativas.
“Adecuamos el sistema de justicia a los nuevos tiempos, al uso de la tecnología de la información y la comunicación como vías en tiempos de pandemia para acercar a la ciudadanía a la justicia”.
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