Las reacciones del presidente y los personeros de Morena y aliados fueron de tronar en contra de la Suprema Corte, por haber sentenciado que es abiertamente anticonstitucional la intención “legal” de transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Acusan a los ministros de actuar política y no jurídicamente, cuando fue exactamente al revés.
Dichas reacciones fueron de gran berrinche, en especial del presidente, porque la Corte no aprobó algo que era abiertamente anticonstitucional. Mientras los motivos expuestos por los ministros que votaron en contra del presidente fueron justificados ampliamente, los alegatos en contra de la decisión de los ministros fueron precisamente políticos, viscerales y ajenos al análisis de constitucionalidad que sí hizo la Corte.
“Gobernadores de Morena acusaron que los ministros de la SCJN actuaron políticamente al quitar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. ‘Rechazamos el fallo. De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente sino políticamente’, afirmaron”, es la nota de prensa. Sin embargo, no dan ningún intento de prueba que así fue. Los ministros analizaron la constitucionalidad del asunto, y efectiva y claramente es anticonstitucional.
Que la Guardia Nacional estaba dando buenos resultados, y que eso iba a ser afectado. De este tipo fueron (y seguirán siendo) los argumentos gubernamentales y partidistas de Morena, pero sin aportar argumento alguno que efectivamente intente demostrar el error que adjudican a la Suprema Corte. Nada de nada, alegatos viscerales y de fondo y forma políticos.
Por extrañas e ingenuas razones, el presidente, sus colaboradores y corifeos habían pensado que los ministros le serían sumisos y que decidirían por los proyectos presidenciales y de sus congresistas dóciles, solo por eso y no por demostrar el apego a la Constitución nacional. Eso a pesar de que el artículo 21 constitucional es absolutamente claro: la seguridad pública es asunto civil.
Extractos pertinentes del artículo 21 constitucional federal: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. “La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada guardia nacional. […] que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que un militar, nombrado por él, seguiría, no obstante, al mando de la Guardia Nacional, y adelantó -informa la prensa-, que el primero de septiembre del próximo año, en su último Informe de Gobierno, seguirá insistiendo y presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, confiando que su partido y aliados tengan mayoría calificada en la nueva legislatura (algo que se ve ya imposible). Así fue su berrinche, que no tuvo empacho en hacer público (y materia de memes de ridículo y burla).
Para el presidente y su partido, no importa la constitucionalidad, sino su capricho, aplicando lo que hace tiempo dijo en una mañanera, de que “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Si la ley no le importa, mucho menos le importa la Constitución de la República y en este caso lo que manda el artículo 21 de la misma.
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