Iniciamos la semana con la noticia de que se discutiría en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para limitar las atribuciones del Tribunal Electoral. Previo a la Semana Santa, el anuncio prendía las alertas en la opinión pública y empezaron a aumentar las voces que exigen a los partidos políticos y a sus bancadas, no aprobar la propuesta que a todas luces es un retroceso democrático.
A la luz de los datos y las evidencias, ningún tema había logrado unificar voces ciudadanas y militancias partidistas como la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE); el apoyo ha sido mayoritario, decidido y público, pero en esta batalla también se incluía al resto de las autoridades electorales, entre ellas al Tribunal.
Los discursos de los dirigentes partidistas opositores, luego de anunciar su apoyo a las manifestaciones contra el maquiavélico y destructor plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, se centraron en dos frases impuestas por la opinión pública: “El INE no se toca” y “El Tribunal no se toca”. Ahí están los videos que dan cuenta de su promesa y del compromiso que hacían con los miles de manifestantes que rebasaron a los partidos y a los convocantes.
¿Qué fue entonces lo que los hizo cambiar de opinión? El silencio de algunos y las explicaciones de otros dejan más dudas que certezas. Se repite una y otra vez que no “hay traición alguna” a los ciudadanos que están dispuestos a apoyar a la coalición, más allá de creer en ella; lo hacen -como muchos que militamos en los partidos políticos- convencidos de que el daño que el gobierno de Morena le ha hecho a México, es un asunto que sobrepasa nuestras simpatías y afiliaciones partidistas.
Justo por ello, me parece un despropósito que se tire por la borda el respaldo público de un amplio sector de la sociedad que, con valentía, salió a las calles, de manera ordenada y generosa, a decir “acá estamos dispuestos a luchar por México”. Desgraciadamente, con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, se le da la razón a quienes luego de la marcha del 13 de noviembre y la concentración en el Zócalo del 26 de febrero, aseguraban que faltaba liderazgo en la oposición para guiar a los miles de indignados inconformes.
El jaloneo legislativo todavía continúa. Al menos en tres ocasiones se han suspendido las sesiones en la Comisión de Puntos Constitucionales, que no encuentra la salida ante el rechazo a dichas propuestas. Curiosamente, la narrativa se ha inclinado a que son los mismos morenistas los que han detenido el avance de las reformas, lo cual habla de la enorme incapacidad que han mostrado los tomadores de decisiones de la oposición para interpretar el propósito del gobierno del tabasqueño, a menos que -aún comprendiéndolas- exista complicidad o acuerdo con fines meramente de interés personal o de grupo. Me explico:
1. En marzo de 2022, el Partido Acción Nacional votó en contra, una propuesta de Morena que afectaba el artículo 10 de la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en materia electoral, la cual hoy se retoma en la reforma constitucional que se pretende discutir y aprobar.
2. Algunas legisladoras morenistas han señalado a miembros del partido al que pertenezco, como los “autores intelectuales” que propusieron limitar las acciones afirmativas.
¿Qué hay detrás de estas acciones y señalamientos? Más allá del interés de vulnerar al Tribunal Electoral y controlar a las estructuras partidistas, se encuentra la evidente intención de debilitar a la oposición en su conjunto -no solo a las dirigencias-, lamentablemente con la anuencia de quienes deberían liderar el urgente cambio de gobierno que demandan los ciudadanos, que ven con preocupación la destrucción constante de nuestro país.
Al igual que el PRI, cuando tomó la decisión de apoyar al tabasqueño en la reforma constitucional para ampliar el periodo de permanencia de las fuerzas armadas en las calles, ahora es el PAN quien mayormente asumirá las consecuencias de una decisión que es grave para la democracia mexicana. Están a tiempo de rectificar y así honrar sus propias palabras, cuando en la tribuna se aseguraban demócratas y sensibles a la exigencia ciudadana de defender a las instituciones electorales.
No se entiende que, ante la enorme responsabilidad de asumir el liderazgo opositor, veamos a quienes contando con la representación institucional, se nieguen a ejercer su papel con mayor valentía, congruencia y dignidad.
La posición que adoptaron especialmente algunos legisladores morenistas, al rechazar estas modificaciones, solo da cuenta de lo innegable: no supieron lo que votaron a finales del año pasado en el famoso plan B propuesto desde Palacio Nacional. Tan es así, que hoy espero se den cuenta que la sumisión patriarcal tiene consecuencias graves en la merma de nuestros derechos.
En tanto, no me explico que quienes se desgarraban las vestiduras y pegaban, una a una, las hojas de la Constitución que el presidente había arrancado sin recato alguno con su perversa propuesta, y que se supone sabían lo que votaban, hoy no estén pensando en revivir lo que ya está por fenecer en la SCJN.
Ante el rechazo público, se ha anunciado la conformación de otro grupo de trabajo para “una nueva redacción”. No entienden que “no han entendido nada”. Esta propuesta debe guardarse en el archivo muerto de la Cámara de Diputados, como un asunto totalmente concluido. De no ser así, las consecuencias las pagará la oposición en las urnas.
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