Tras el incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que dejó 39 personas fallecidas y más de dos docenas de heridos la semana pasada, World Vision México condenó los hechos y aseguró que el que una persona tenga que salir de su país, no quiere decir que deba costarle la vida, pues migrar es un derecho humano.
En el incendio, que inició por la supuesta quema de colchonetas, murieron 39 migrantes de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Sanvador, Colombia y Ecuador, quienes estaban encerrados en una celda. Recientemente, se hicieron públicos videos que muestran el inicio del fuego; sin embargo, en ningún momento se ve a guardias del centro.
WVM explicó que el incidente se da en un momento en el que hay decenas de migrantes esperando cruzar a Estados Unidos, luego de que en mayo expire la norma Título 42 que es de salud pública, establecida en la pandemia de COVID-19, que permite deportar inmediatamente a quien tenga una situación migratoria irregular por tierra.
“WVM condena la muerte y las afectaciones a la integridad de las personas que se encontraban en la estación migratoria”, comentó la institución y llamó al Estado mexicano a maximizar e intensificar sus esfuerzos para que no se repita ese tipo de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en situación migratoria irregular.
Además, exhortó a las autoridades de los tres poderes de gobierno a atender las necesidades urgentes de salud, hasta las de salud mental, de las personas sobrevivientes al incidente y a sus familias. “WVM se une en oración por todas las víctimas, familiares y amigos” y reafirma su compromiso con los migrantes y niños migrantes.
Por otro lado, respecto a los niños y menores migrantes, aunque no se reportaron víctimas de esas edades, es vital que se habran mesas y brechas de coordinación, para que se atienda a esa población en el trayecto migratorio y se fortalezcan los sistemas estatales y municipales, para que les brinden protección en todo momento.
Finalmente, WVM exigió de manera urgente a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizar las debidas negligencias para investigar, sancionar y definir medidas urgentes para la reparación de daños, pues se golpeó la integridad personal y vida de las personas que estaban en la estación.
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